La Fiscalía traslada sus conclusiones y continúa pidiendo las mismas penas para los acusados que al inicio de la vista oral, entre ellas 15 años de cárcel también para Francisco Martínez, número dos de Interior, y otros tantos para el policía asesor de Cospedal, Andrés Gómez GordoVídeo - 'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el Partido Popular Jorge Fernández Díaz al enunciar sus conclusiones del juicio por el caso Kitchen. El representante del Ministerio Público mantiene las mismas peticiones de condena para idénticos acusados que antes de empezar la vista oral por lo que sigue solicitando otros 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el policía que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, y para el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Les acusa de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad. La máxima petición de condena de Anticorrupción es para el comisario José Manuel Villarejo, 19 años, por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. Ese espionaje se habría realizado en el marco de una operación destinada a sustraer de la justicia las pruebas de la financiación irregular del PP y más concretamente las que implicaban al presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy. De la acusación de la Fiscalía queda fuera el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, que no ha sido juzgado por las consecuencias de un grave accidente vascular. Anticorrupción no acusaba a los otros tres miembros de la brigada política que declararon este lunes, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y José Luis Olivera. Anticorrupción sigue pidiendo dos años y 6 meses por encubrimiento para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y para el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para el que solicita 15 años de cárcel. Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado la acusación por obstrucción a la justicia, uno de los cuatro delitos que atribuía a Jorge Fernández Díaz, para el que pedía 13 años de cárcel. En el caso de Olivera, la Abogacía mantiene la acusación por obstrucción a la justicia pero retira la de encubrimiento, y deja de acusar por delito alguno a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. La acusación particular, que ejerce la familia Bárcenas, también ha retirado la acusación contra estos dos últimos y Olivera, así como las acusaciones populares de PSOE y Podemos, por lo que los dos inspectores jefe, contra los que no había acusación de la Fiscalía, han resultado absueltos. Ambos absueltos han declarado durante la jornada. En el transcurso de su testimonio se han presentado como policías con encargos anodinos pese a los indicios que se acumulan contra ellos de haber participado en las otras dos patas de la guerra sucia del PP, contra Podemos y en la Operación Cataluña. Ambos han desmentido las acusaciones del inspector jefe Manuel Morocho, el investigador de la caja B del PP, según las cuales Fuentes Gago le entregó el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para que lo revisara y Bonifacio Díez Sevillano le concertó una cita con un periodista a la que él mismo también acudió y que tenía como fin explicar el contenido del dosier contra la formación política. También ha declarado este lunes José Luis Olivera, el artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Ha sido uno de los tres acusados, junto al chófer Sergio Ríos y el comisario Villarejo, que ha accedido a contestar a la Fiscalía Anticorrupción, con la particularidad de que esta no le acusaba. Contra Morocho El fiscal César de Rivas, que no considera que Olivera quisiera sobornar a Morocho con un puesto en el extranjero, ha colaborado en el intento de los tres testigos de la jornada por desacreditar al inspector jefe de la Gürtel y la caja B del PP. Así, el fiscal ha preguntado a Olivera si es cierto que recibió una llamada del ministro Fernández Díaz mientras estaba en una cafetería con Morocho para reforzar su ofrecimiento de un puesto lejos de las investigaciones contrarias al PP. Olivera ha dicho que quien le llamó fue su mujer, que les invitó a cenar a ambos en casa y que Morocho aceptó. A preguntas de su abogado, Olivera ha dicho que no sabe de dónde “viene ese rencor” de Morocho hacia él. “Nunca le he hecho nada malo a este señor, al contrario. Ya me llegaron rumores cuando a él no le conceden una medalla pensionada en el 2014 y él entiende de que yo soy el culpable de que no se la den y yo no tengo ningún poder”, ha dicho Olivera. El testimonio de Morocho ha resultado vital para contrarrestar la tesis de la mayoría de los investigados en Kitchen, consistente en que ellos participaron en una operación legal para encontrar el supuesto dinero aún oculto por Luis Bárcenas y sus posibles testaferros. En realidad, según la Fiscalía, pretendían recuperar las pruebas en poder del extesorero sobre la caja B del partido y el conocimiento de la financiación irregular por el propio Mariano Rajoy. La constatación de que ocultan su verdadero interés es que ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron nunca de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del resto del operativo, según las explicaciones del policía en el juicio de Kitchen.