El actor jerezano José Manuel Poga es el protagonista de una campaña de Greenpeace, que alerta de los vertidos que pueden llegar al río Guadalquivir llegados desde la mina de Aznalcóllar. "¿Quieren intoxicar el río Guadalquivir otra vez?", se pregunta Poga, recordando que la rotura de la balsa minera "provocó que el río Guadiamar se llenara de lodo y destrucción", con miles de personas que perdieron su empleo, más de 30 toneladas de animales muertos y miles de hectáreas de cultivo envenenadas."Y ahora quieren resucitar a ese monstruo", advierte el actor, quien asegura que el proyecto "acabaría con las zonas de agricultura y pesca y sería una amenaza para Doñana", apelando a la ciudadanía a unirse a la petición lanzada por la organización ecologista.Greenpeace insiste en que la protección del agua y de la salud pública "es una cuestión de pura supervivencia, no de rentabilidad financiera", reclamando la paralización inmediata de un proyecto que, a su juicio, podría repetir un desastre ambiental similar al ocurrido hace más de 25 años en la misma región.Aznalcóllar, en el focoHoy, con la sombra de aquel desastre todavía presente, Greenpeace denuncia la reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, un proyecto que, según la organización, tendrá como consecuencia la contaminación por metales pesados del Guadalquivir, "columna vertebral hídrica de Andalucía". El proyecto, que ya cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía, prevé la construcción de una tubería de 30 kilómetros desde el recinto minero de Aznalcóllar hasta el estuario del Guadalquivir, a escasos metros del término municipal de Sevilla.Por esta infraestructura se pretenden verter 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante un periodo de más de 18 años, una cantidad que, según ha precisado la organización en otra comunicación, "equivale al consumo total de agua de la ciudad de Sevilla en un año". Para colmo, según denuncia Greenpeace, una parte sustancial de estas aguas procederá precisamente del vaciado de los recintos donde todavía siguen confinados los lodos tóxicos del desastre de 1998.Greenpeace no se fía de las promesas de la empresaLa empresa promotora y la administración se escudan en que el agua pasará por un proceso de depuración previo. Sin embargo, para Greenpeace, "la física y la química no entienden de promesas políticas", ya que los metales pesados "no desaparecen por arte de magia". Según la organización, el caudal que llegará al Guadalquivir contendrá "un cóctel letal de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc", agravando de forma irreversible la situación de un estuario que ya fue utilizado como "cloaca minera" en 2009 por los vertidos de otra explotación, Cobre Las Cruces.Este vertido afectaría, según denuncia Greenpeace, a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HIC) de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, incluidos en la Red Natura 2000, y supondría una amenaza más sobre el Parque Nacional de Doñana. Además, tendría graves consecuencias sobre la seguridad alimentaria, afectando tanto a los agricultores del bajo Guadalquivir como a las cofradías de pescadores de Sanlúcar de Barrameda, cuya actividad depende del buen estado de conservación de la desembocadura del río.Greenpeace explica que el estuario del Guadalquivir tiene una dinámica hidrológica muy particular, ya que no expulsa el agua de manera inmediata al mar: la marea del océano Atlántico penetra por la desembocadura dos veces al día, invirtiendo la corriente natural del río y empujando el agua y los sedimentos tierra adentro hasta chocar con la presa de Alcalá del Río, que se comporta como un "fondo de saco". Si a esto se suma el fenómeno del "tapón salino" en la desembocadura, que frena la salida de las aguas interiores, según la organización, los metales pesados "decantan, se depositan de forma acumulativa en los lodos del lecho fluvial y pasan a la red trófica", afectando directamente al aprovechamiento agrícola y poniendo en peligro la actividad pesquera de los pueblos ribereños.