El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado en la causa que investiga una trama, liderada por Leire Díez, que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a un total de 25 personas, entre las que figura la presidenta de la Sepi, Belén Gualda.Entre el resto de imputados se encuentran el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa, Rosario Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos; y el expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere Vera.También figuran como imputados el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa Teva; el expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta; el exconsejero de la empresa Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; el director corporativo de Sepi, Miguel Ángel Santiago Mesa; y el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras. Asimismo, aparecen los directivos de Sepi Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragón; y el hijo del dueño de Forestalia, Antonio José Sánchez Campos, entre otros nombres incluidos en la lista de imputados."Indicios de criminalidad" en operaciones más allá de Tubos ReunidosEn una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede investigar "indicios de criminalidad" en una trama que habría presuntamente realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluyen el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok ("Nosotros tres", en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda. A cambio de esta gestión, percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los que constan facturas, aunque la UCO las considera "mendaces", ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones realizadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.La investigación se amplía a Mercasa, Enusa, Asturias y ForestaliaLa decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos. Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas: Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, que "con razón de esta operativa" sobre Tubos Reunidos "habría facturado 40.000 euros". Los agentes sospechan asimismo que, en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", constatando "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones".Zarrías niega haber contratado a Leire Díez para entorpecer causas judicialesAl margen de esta nueva ampliación, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, ha señalado que sus vínculos "contractuales" con el PSOE son "claros, completamente regulares y ajenos a cualquier anormalidad", al tiempo que ha rechazado que contratara a la exmilitante socialista Leire Díez con el fin de entorpecer causas judiciales.Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al propio juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta operativa para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, en la que habrían participado Zarrías, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la propia Leire Díez, todos ellos imputados.En el escrito, Zarrías reproduce lo que declaró como testigo ante el juez de Plaza de Castilla, es decir, que contrató a Díez durante cuatro meses para que investigase si el caso de los ERE en Andalucía —donde Zarrías fue acusado— fue un "montaje policial". Según relata, al cabo de esos cuatro meses, la exmilitante le entregó un pendrive con el resultado de sus investigaciones, que le "defraudó notablemente", motivo por el cual rescindió su contrato.Zarrías manifiesta en su escrito que su presunta implicación en un delito de organización criminal "no tiene sentido", porque su intervención en la supuesta trama se limitó a "cuatro meses". Y relata que, para contratar a Díez, "no se concertó con nadie" de la supuesta organización, de la que, asegura, "no conoce a nadie" más allá "de las personas que le unen vínculos orgánicos en el partido", como a Santos Cerdán.