Con una frecuencia cada vez más preocupante, asistimos a los intentos de Pedro Sánchez de supeditar las Cortes a una supuesta voluntad de la calle que coincide milimétricamente con la suya, a costa incluso de deslegitimarlas, como hizo cuando la semana pasada aseguró que el Parlamento «había dado la espalda a la ciudadanía». Conviene advertir, desde la perspectiva de nuestra historia constitucional, de las consecuencias de esta malversación institucional que promueve el socialismo mediante un Gobierno que invoca peligrosamente la voz del pueblo para justificar sus decisiones al margen de los procedimientos democráticos. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, pero su ejercicio se articula a través de la Constitución y de las instituciones que esta establece. La voluntad popular no constituye una fuente alternativa de legitimidad que el presidente pueda invocar a conveniencia para sortear al Parlamento. En una democracia representativa, las Cortes Generales son precisamente el cauce mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad política. Sánchez pretende que se parezcan más a la calle, como si esta pudiera sustituirlas, y oculta deliberadamente que la única representación institucional de esa voluntad corresponde a las cámaras elegidas por los españoles. No estamos ante un error conceptual ni ante una imprecisión inocente. La operación apunta a una peligrosa mutación del discurso democrático: un gobernante que pretende modificar la fuente de su legitimidad para presentarse como un autócrata, intérprete exclusivo de una mayoría social supuestamente superior a la parlamentaria. Esa mayoría, que la Moncloa y sus aliados de izquierda invocan sin someterla a los procedimientos ordinarios de expresión democrática, es un artificio político que permite deslegitimar cualquier contrapeso. La apelación a un pueblo abstracto, cuya voluntad solo el líder asegura conocer, constituye uno de los recursos clásicos de los autoritarismos. La degradación institucional se agrava cuando se instrumentalizan los mecanismos parlamentarios para sortear las limitaciones que impone la representación democrática. La pretensión de utilizar la Diputación Permanente para sacar adelante decretos en un contexto de disolución de las Cortes exige un escrutinio riguroso de su encaje constitucional y reglamentario. Del sondeo de GAD3 publicado por ABC se extrae, además, una enmienda a la totalidad del planteamiento populista que esgrime el jefe del Ejecutivo. La gran mayoría de españoles, incluidos los votantes del PSOE, no comulgan con la perversión del censo que representa la ‘ley de nietos’, critican la gestión de la crisis que padece Ceuta desde finales de julio, lamenta la amnistía de Puigdemont pactada con sus lugartenientes y abogan, sin demagogia, por la liberación de suelo público para abaratar el precio de la vivienda y el alquiler. La desautorización de las Cortes como poder legislativo se produce en un clima de tensión alimentado desde el entorno gubernamental mediante la ocupación del espacio público y la promoción de movilizaciones contra la oposición. La amenaza de una huelga general dirigida contra la oposición añade un elemento inquietante a esta estrategia de presión. La calle es un espacio legítimo de expresión ciudadana, pero deja de serlo como argumento democrático cuando se pretende convertir su movilización en un instrumento de intimidación. La retórica que enfrenta al pueblo con sus representantes y presenta a la oposición como un obstáculo para la voluntad colectiva evoca mecanismos conocidos de erosión democrática. Resulta paradójico que Sánchez, que llegó a la presidencia mediante una alianza de minorías parlamentarias, invoque ahora una mayoría social que no ha acreditado por los cauces democráticos y que pretende hacer valer por encima de la mayoría de las Cortes. La historia ofrece demasiados ejemplos de cómo se deterioran sistemas que parecían consolidados cuando el poder sustituye la ley por una supuesta voluntad colectiva de la que se declara único portavoz. La voz del pueblo no pertenece a Sánchez ni a ningún partido. Cuando un Gobierno pretende apropiársela para doblegar al Parlamento, la invocación de la democracia deja de ser una garantía de libertad y se convierte en la coartada de quien aspira a gobernar sin contrapesos.