CC.OO. y UGT han decidido respaldar la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por el Sindicato de Inquilinas , la primera en catorce años y a pocas semanas de las elecciones generales. La proximidad electoral y el rechazo de CSIF y USO, que aprecian connotaciones políticas, cuestionan la oportunidad de la convocatoria. El acceso a la vivienda es uno de los problemas más graves de España y merece políticas capaces de aumentar la oferta y proporcionar seguridad jurídica. Pero una huelga general dirigida contra decisiones parlamentarias desnaturaliza un instrumento concebido para la defensa de intereses laborales. Resulta revelador que la propia María Jesús Montero sostenga que esta vez la protesta se dirige «contra la oposición», aunque los sindicatos aseguren interpelar también al Gobierno y a otras administraciones. Los sindicatos están legitimados para movilizarse. Pero su credibilidad exige independencia. Convertir una huelga general en prolongación de la contienda electoral perjudica esa independencia y tampoco construirá las viviendas que España necesita.