La crisis de la vivienda que sufre la sociedad por las dificultades de acceso a un alojamiento asequible ha despertado todo un debate público y político, especialmente respecto a los alquileres, donde debe prevalecer el necesario equilibrio entre los derechos de inquilinos y pequeños propietarios. Más allá de los discursos, los casos a pie de calle reflejan una realidad caleidoscópica, en la que las injusticias deben ser castigadas en todas sus casuísticas. Es el caso de un matrimonio de Córdoba que lleva casi dos años enfrascado en una demanda de desahucio contra su inquilina por expiración del contrato de alquiler y además impago de rentas, un procedimiento judicial marcado por una « anormal» demora mientras la pareja no puede destinar la casa al alojamiento que necesita su hijo por motivos de estudios y se ve obligada a pagar una habitación para él en un piso compartido. La falta de seguridad jurídica para esta familia se agrava así con los desesperanzadores retrasos de la Administración de justicia. Al detalle, este matrimonio con dos hijos y asistido en el litigio por el letrado David Andana Serrano cuenta con su residencia habitual en Córdoba y, además, con una casa adosada en Castilleja de Guzmán , en el Aljarafe. Es decir una unidad familiar que además de su domicilio tiene en propiedad una única segunda vivienda. Allá en 2015, el matrimonio arrendó esta vivienda de Castilleja de Guzmán a una mujer extranjera con residencia legal en España, mediante un contrato de cuatro años de duración a razón de 550 euros al mes. Tras una renovación inicial del contrato, en julio de 2022, la pareja comunicó a su inquilina su decisión de no renovar de nuevo el contrato, dado que la vivienda le era necesaria como alojamiento para uno de sus hijos , que iba a comenzar sus estudios universitarios en Sevilla. Al detalle, se trata del grado de Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería de Sevilla. Pero la inquilina, como relata el letrado del matrimonio, se negó a entregar el inmueble y desde junio de 2024 dejó de abonarles el alquiler . Tras diversos intentos infructuosos de solucionar la situación por las buenas, el matrimonio dueño de la casa tuvo que optar por recurrir a la vía judicial y el 25 de enero de 2025 interpuso una demanda de desahucio por expiración de contrato e impago, admitida a trámite el 13 de marzo por el entonces Juzgado de Primera Instancia Número 12 de Sevilla. Pero la tramitación del caso se complicó cuando ya en marzo de 2026, dicha instancia admitió como parte en el proceso a la hija de la inquilina demandada, a pesar de que ella no había firmado el contrato de alquiler, después de que la misma solicitase su personación esgrimiendo que estaba residiendo en la vivienda junto a su pareja. Mientras el matrimonio promotor del litigio mostraba insistentemente su oposición a que no se tuviera por personada en la causa a la hija de la inquilina demandada, el tiempo transcurría sin avances judiciales hasta llegar al pasado mes de julio de 2026 . No han sido pocos los escritos del letrado de la pareja solicitando un impulso procesal al caso. La situación llegó a tal extremo, que ante este funcionamiento anormal de la administración de Justicia, el matrimonio interpuso u na reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial , que fue admitida a trámite el pasado 15 de julio de 2026. Pero entretanto, en cualquier caso, el hijo del matrimonio, ya como estudiante del grado de Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería de Sevilla, ha tenido que alquilar una habitación en un piso compartido de la avenida Diego Martínez Barrios de la ciudad hispalense desde octubre de 2024, a razón de 400 euros al mes; a pesar de que sus padres tenían la mencionada vivienda de Castilleja de Guzmán. La familia lleva casi dos años y medio sin percibir la renta de alquiler de la vivienda y tampoco puede recuperarla por la prolongada demora del proceso judicial, según su abogado. El letrado señala así que «la realidad incontestable es que una demanda de desahucio con impago de rentas se presentó el pasado 25 de enero de 2025 y casi dos años después ni siquiera hay sentencia», dejando a esta familia con la paradójica situación de no poder usar la vivienda en propiedad que necesita para el alojamiento de su hijo en Sevilla. Para el abogado David Aldana, en este caso «el problema de fondo radica en la falta de seguridad jurídica para los propietarios que arriendan sus viviendas », avisando de que los decretos promovidos por el Gobierno central de Pedro Sánchez, con medidas para la suspensión de los lanzamientos contra personas vulnerables o límites en las subidas de las rentas de alquiler; «no proponen absolutamente ninguna medida para agilizar los procesos judiciales de aquellos inquilinos que incumplan el contrato» generando una situación de injusticia en casos como este matrimonio de Córdoba con su segunda vivienda. « Se olvida dotar de todas las garantías necesarias a propietarios como ellos para que, en caso de incumplimientos del contrato, la respuesta de la Administración sea ágil. Dichos decretos nada contemplan sobre aquellos inquilinos que incumplan de forma deliberada como ocurre en este caso, lo que supone un claro freno al mercado de alquiler, pues los propietarios que desean arrendar una segunda vivienda no gozan de ninguna protección jurídica real» ante casos de incumplimiento, reflexiona este abogado.