Andrea (nombre ficticio) tenía 59 años cuando el 2 de noviembre de 2021 fue sometida a una colecistectomía laparoscópica, una intervención para extirpar la vesícula biliar, en un centro hospitalario de Cádiz. La operación transcurrió sin complicaciones y, al día siguiente, recibió el alta hospitalaria. Cinco días después comenzó a sentir un dolor en el costado derecho y la pantorrilla izquierda, por lo que acudió a Urgencias. Tras ser valorada, fue dada de alta con un diagnóstico de contractura muscular, sin que se realizaran pruebas complementarias para descartar una posible complicación tromboembólica.Los síntomas persistieron y su estado empeoró. El 11 de noviembre sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladada al hospital, donde se le diagnosticó un tromboembolismo pulmonar bilateral grave. A pesar de las medidas terapéuticas aplicadas, entre ellas el tratamiento fibrinolítico y la heparina, y de los esfuerzos médicos por revertir la situación, Andrea sufrió nuevas paradas cardiorrespiratorias y falleció a las 00:15 horas del 12 de noviembre de 2021. Habían transcurrido apenas diez días desde la operación. A raíz de lo sucedido, sus dos hijas decidieron presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración sanitaria. El caso fue examinado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que identificó una evaluación incompleta en aquella primera asistencia, al no haberse realizado las pruebas necesarias para descartar el tromboembolismo pulmonar. En consecuencia, el SAS ha reconocido este septiembre que la paciente había perdido una oportunidad de recibir un diagnóstico y un tratamiento más tempranos. La reclamación de sus hijas fue estimada parcialmente y se reconoció una indemnización total de 89.921,62 euros para ambas.El caso de Andrea es solo uno de los muchos que se enmarcan en la doctrina de la pérdida de oportunidad, un supuesto en el que el problema jurídico no consiste en demostrar que una actuación médica correcta habría impedido con seguridad el resultado fatal, sino en determinar si una asistencia más diligente habría ofrecido a la paciente una posibilidad real de mejorar su pronóstico.Según el último estudio publicado por la asociación El Defensor del Paciente, este tipo de casos no dejan de crecer. En el año 2025, el último dato disponible, las reclamaciones por negligencias médicas se situaron en 14.986, 898 más que en 2024, y los fallecimientos en 951, un aumento de 153 respecto al año anterior. El propio informe destaca que “la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad”.Sobre este fenómeno habla una investigación publicada en abril de 2025 en la Revista Española de Medicina Legal, centrada en reclamaciones por responsabilidad patrimonial relacionadas con la atención primaria y las urgencias extrahospitalarias entre 2013 y 2022. El estudio constató que el 50,6% de los motivos de reclamación analizados estaban relacionados con errores o retrasos en el diagnóstico. En concreto, los investigadores identificaron 42 motivos de este tipo entre los 83 argumentos estudiados, correspondientes a 75 reclamaciones. De estas últimas, 32 fueron estimadas total o parcialmente. Las enfermedades cardiovasculares agudas, como los infartos y los ictus, y las oncológicas figuraban entre las patologías que más reclamaciones generaban.La relevancia de la pérdida de oportunidad también se refleja en los tribunales. Un estudio publicado en la revista Emergencias en 2022 analizó 1.015 sentencias de tribunales superiores de justicia dictadas entre 2008 y 2020, de las que 243 estaban relacionadas con la asistencia urgente. Entre los motivos de las sentencias condenatorias, la pérdida de oportunidad representó el 40,2% del total.Pero, ¿qué hay detrás de la pérdida de oportunidad sanitaria? Aunque las razones son diversas y pueden variar en cada caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone el foco en la sobresaturación de los centros y de los propios trabajadores. “El estrés laboral prolongado puede causar agotamiento, fatiga crónica, absentismo, elevado movimiento de personal, menor satisfacción de los pacientes y aumento de los errores de diagnóstico y tratamiento”, asegura en una de sus publicaciones. En España, las cifras sobre el acceso a la asistencia y las condiciones de trabajo de los sanitarios permiten dimensionar esta presión.Una de las primeras dificultades aparece en la puerta de entrada al sistema: la atención primaria. Según el Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los pacientes que no consiguieron cita con su médico de familia el mismo día ni al siguiente tuvieron que esperar una media de 9,15 días. En 2019, esa demora era de 5,80 días, lo que supone un incremento aproximado del 58%. Además, solo el 21,8% de los usuarios consiguió ser atendido el mismo día o al siguiente. Estas esperas pueden retrasar la primera valoración médica y, en determinados casos, la solicitud de pruebas o la derivación a un especialista.El problema no termina en el centro de salud. Quienes necesitan una consulta hospitalaria o una intervención quirúrgica también se enfrentan a demoras prolongadas. El informe estatal de listas de espera de diciembre de 2025 contabilizó 853.509 pacientes pendientes de una operación, con una espera media de 121 días, mientras que alrededor de cuatro millones aguardaban una primera consulta con un especialista, con una demora media de 102 días. La comparación con 2019 revela, además, que en 15 de las 17 comunidades autónomas había aumentado el tiempo medio para acceder por primera vez a un especialista. En Navarra, la espera pasó de 78 a 152 días; en Canarias, de 122 a 162; y en Madrid, de 40 a 68.A las demoras para recibir asistencia se suma la presión que soportan quienes deben prestarla. Una investigación publicada en 2025 en Gaceta Sanitaria, que revisó 39 estudios observacionales con más de 9.200 profesionales, estimó que el 18% de los trabajadores de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud padecía síndrome de desgaste profesional. La proporción alcanzaba aproximadamente el 25% entre los médicos de familia y el 16,7% entre el personal de enfermería. Entre los factores asociados a este desgaste, los investigadores señalaron la sobrecarga de trabajo, la escasez de recursos y de personal y las exigencias emocionales.La falta de profesionales constituye otra pieza de este escenario. Un informe del Ministerio de Sanidad publicado en enero de 2025 estimó que España necesitaría incorporar al menos 100.000 enfermeras adicionales para alcanzar la ratio media de la Unión Europea: 8,5 profesionales por cada 1.000 habitantes, frente a los 6,3 registrados en España en la comparación recogida en el documento. Las dificultades de cobertura también afectan a los médicos de familia. Otro estudio del Ministerio sobre la oferta y las necesidades de especialistas calculó para 2025 un déficit de 4.982 médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, equivalente al 10,4% de la demanda estimada.Aunque no se puede determinar cuanto ha podido influir la saturación y cuanto un problema concreto en cada caso de pérdida de oportunidad, estos datos dibujan en conjunto un sistema en el que las demoras, las dificultades para cubrir determinadas plazas y el desgaste profesional pueden complicar la prestación de una atención ágil y adecuada. En ese contexto, la pérdida de oportunidad terapéutica adquiere especial relevancia, ya que, cuando una valoración tardía o incompleta priva a un paciente de una posibilidad real de recibir tratamiento a tiempo, el daño puede ser irreversible, como ocurrió con Andrea.