El nombre de Maricarmen Abascal ha recorrido en las últimas semanas todo el país: ocupa las tertulias, los carteles de las acampadas en protesta por la vivienda y hasta apareció en el Boletín Oficial del Estado para dar nombre a un decreto. La mujer de 87 años fue desahuciada de su casa por una empresa que adquirió el piso en el que había vivido durante 70 años. Siempre había pagado el alquiler, pero tras impugnar su contrato de renta antigua, le pedían más dinero. Este miércoles, la mujer ha fallecido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde fue ingresada el mismo día de su desahucio, según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas en sus redes sociales.En ese comunicado, firmado también por su familia y su abogada, recuerdan que Maricarman permanecía hospitalizada desde el desahucio. "Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante", lamentan. También subrayan el impacto que tuvo su caso en las últimas semanas, con manifestaciones multitudinarias, acampadas, la convocatoria de una huelga general y un adelanto electoral, y consideran que el debate sobre la vivienda ha pasado a ocupar una posición central. Aun así, sostienen que "el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto".El comunicado termina reivindicando el legado de Maricarmen y recordando una de las peticiones que repetía a quienes la acompañaban: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro". "Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste", se despiden.Su caso terminó siendo la gota que colmó el vaso de un malestar que llevaba tiempo creciendo en torno a la vivienda y convirtió su desahucio en un símbolo de una protesta mucho más amplia.No era el primer intento de lanzamiento, pero, tras casi una década peleando para permanecer en la vivienda, el desahucio se consumó el 23 de septiembre. El Sindicato de Inquilinas la acompañó en este camino y su caso adquirió también una gran repercusión mediática. Su tono tranquilo y las explicaciones concisas sobre cómo había sido su proceso de lucha hicieron de ella un espejo para muchas personas que están en su misma situación o ven cómo la vivienda se come sus rentas. Tanto es así que en los tres intentos de desahucio que vivió terminó reuniendo en su portal a cientos de personas que trataban de evitarlo. Muchas anónimas, pero otras tantas muy conocidas: artistas como Carlos Bardem, Ana Belén, Juan Diego Botto; políticos, activistas. Fuentes cercanas al Sindicato de Inquilinas explican a infoLibre que Maricarmen llegó hasta ellos y se involucró “en la lucha” desde el primer momento, participando de forma activa en las asambleas y en las reuniones. El desgaste, sin embargo, le pasó factura: en sus últimas apariciones públicas llevaba un andador y le costaba hablar. El pasado mes de mayo ella misma le explicaba a este periódico que estaba cansada, que dormía mal y había perdido mucha masa muscular. En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos en el que residía vendió toda la finca a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle que comprara el piso, pero no se lo podía permitir. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, su casa fue adquirida por Urbagestión. Ese fue el final de su contrato de renta antigua y el principio de su penitencia. El padre de Maricarmen había firmado en 1956 el contrato, pero la ley franquista de ese momento no permitía que su madre figurase en el documento. Su madre se subrogó en el contrato más tarde, cuando falleció su padre, y posteriormente Maricarmen hizo lo mismo tras la muerte de su madre. Pero esta segunda subrogación no era legal y Urbagestión consiguió anularla en los tribunales.Con las actualizaciones pertinentes sujetas al IPC, ella pagaba cerca de 500 euros mensuales hasta que la ley del mercado se impuso. La empresa le reclamó tras el fallo del Supremo un alquiler que rondaba los 2.000 euros al mes, aunque su pensión era de 1.450 euros. De hecho, ella seguía pagando religiosamente el importe que ha abonado durante los últimos 70 años, más las actualizaciones estipuladas por ley: 440 euros. Por eso insistía en sus entrevistas en que ella no les debía dinero. La imagen de la mujer saliendo en camilla del portal de su vivienda desencadenó una protesta social de una magnitud inesperada. La policía sacó uno a uno a los activistas que estaban en su portal esa tarde para evitar el desahucio, durante la noche se produjo una manifestación en Madrid y ese mismo fin de semana —el del 26 de septiembre— tuvo lugar una multitudinaria manifestación que culminó con la acampada de cientos de personas en la Puerta del Sol. Con el transcurrir de los días, esas tiendas de campaña comenzaron a aparecer en otras ciudades españolas y la presión social para atajar el problema de la vivienda culminó con el diseño exprés de dos decretos de vivienda que, al no ser convalidados, desembocaron en un adelanto electoral. En la pancarta de la cabecera de la manifestación por la vivienda de este sábado aparecía el lema: “Ni una Maricarmen más”. En las acampadas, los mensajes escritos en cartones llevan su nombre y los sindicatos de inquilinas nombraron como “decreto Maricarmen” al conjunto de medidas que pedían: renovación automática de los contratos, limitar los alquileres por habitación, congelar durante dos años su precio y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Tres de estas cuatro, tienen posibilidades de salir adelante en uno de los decretos que el Gobierno intenta tramitar antes de las elecciones. Su caso inició también una campaña de señalamiento hacia quienes se dedican al negocio inmobiliario. Las caras y los nombres de los propietarios de Urgabestión llenaron los carteles de la manifestación y tál fue la presión mediática que terminaron por ofrecerle a la octogenaria un proceso de mediación para que pudiera regresar a su casa pagando un alquiler asequible. Algo que desgraciadamente ella ya no podrá hacer, pero que sienta un precedente muy importante en un problema como el de la vivienda, que lleva tiempo siendo la principal preocupación de los ciudadanos.