El Gobierno lo enviará ahora a la Diputación Permanente del Congreso, donde no son necesarios los votos de Junts para que salga adelante. La nueva versión amplía y endurece los límites a la especulación, exige más transparencia a los anuncios de alquileres, destina 400 millones extra a vivienda social e incluye los costes procesales entre las compensaciones por desahucio.