Gobierno deroga polémico decreto de Petro sobre mercados de carbono y alista nueva reglamentación

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Mercado del carbono. Foto: CanvaEl Ministerio de Ambiente emitió la Resolución 1300 de 2026, mediante la cual revoca el Decreto 973 de 2026.La normativa pretendía reordenar el mercado de carbono y el funcionamiento del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (Renare). Esto incluía la creación de los componentes del Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado e Instrumentos de Precio al Carbono, así como los instrumentos económicos para su fortalecimiento. El mercado de carbono es un instrumento que apunta a integrar en las actividades productivas el costo social y ambiental que se genera al emitir Gases de Efecto Invernadero (GEI). En estos espacios las empresas y las personas pueden comprar o vender certificados que representan las emisiones o reducciones de este tipo de gases, y los mismos se generan como resultado de iniciativas enfocadas en la mitigación del cambio climático.Con la anulación, se reversa el paquete regulatorio que modificaba las condiciones jurídicas, financieras y operativas de los proyectos de mitigación y reducción de emisiones.Lo anterior teniendo en cuenta algunos vicios de fondo en el decreto, como fallas en el enfoque territorial e inconsistencias normativas y de procedimiento. Destacado: Gobierno De la Espriella rechaza nuevo cobro por tonelada decretado en el Puerto de BuenaventuraEn ese sentido, se identificaron vulneraciones a principios constitucionales de seguridad jurídica, confianza legítima y no regresividad en materia ambiental. Así mismo, se encontró que la norma se habría expedido sin haber cumplido completamente con los requisitos previos y de competencia establecidos en las reglas de gobernanza regulatoria.La resolución establece un régimen de transición con el que los trámites administrativos que comenzaron mientras estaba vigente el Decreto 973 de 2026 y que aún no hayan sido resueltos cuando entre en vigor esta resolución seguirán rigiéndose por las normas que vuelvan a aplicarse, hasta que se expida una nueva reglamentación.Así, el Gobierno nacional deberá estructurar un nuevo proceso reglamentario desde cero, garantizando tanto el cumplimiento estricto de las etapas de gobernanza regulatoria como la participación de los sectores involucrados.Destacado: Gobierno De la Espriella descarta subir “con fuerza” el salario mínimo de 2027: Apunta a decisión técnica