Los decretos de vivienda que ha propuesto el Gobierno siguen vivos pese al fracaso parlamentario de la pasada semana. En este caso, caminan hacia una votación en la Diputación Permanente donde Junts no es determinante, aunque sí lo será el voto del Partido Nacionalista Vasco (PNV). De ahí que el primer decreto, el que contiene medidas como la protección contra los desahucios, el veto a la compra especulativa o una prórroga extraordinaria de dos años en el contrato de alquiler, tenga opciones de salir adelante con el apoyo de los vascos. No así el segundo, que contiene uno de los principales reclamos del Sindicato de Inquilinas: un cambio estructural en la forma de concebir el mercado del alquiler para que cada vez que venza un contrato, se renueve automáticamente. De esta forma, el propietario solo puede echar a su inquilino justificando un impago o si necesita el piso para él o para un familiar. Y aquí está el nudo gordiano que nadie consigue desatascar. Pero ¿por qué es tan polémica esta medida?Para el PNV, cuyo voto es determinante en la Diputación Permanente, una prórroga automática del alquiler “penaliza al pequeño propietario”. La portavoz del grupo vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, argumentaba que retraería la oferta de vivienda porque, en su opinión, asustaría a los caseros. Es un razonamiento que también comparte el Partido Popular, bajo el argumento de que compromete la seguridad jurídica.En cuanto a Junts, los catalanes se han opuesto desde el primer momento a la prórroga automática, a los topes del 2% a los precios e incluso criticaron las extensiones de dos años para contratos que venzan antes de 2028 que se contemplan en el decreto separado.El alquiler indefinido es algo que ya funciona en otros países europeos y ese es uno de los argumentos en los que se apoyan sus defensores. La abogada de CAES y experta en vivienda, Alejandra Jacinto, explica a infoLibre que son justamente los pequeños propietarios quienes menos deberían preocuparse por la medida. "Yo entiendo que si eres un rentista profesional te parezca una faena que te impongan una prórroga indefinida, porque lo que buscan es rentabilidad. Ahora bien, si eres un pequeño propietario que alquila, que está contento con su inquilino y no tiene una ambición desmedida, no entiendo el perjuicio que puede suponer", puntualiza.En el decreto que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado este miércoles se detalla que, una vez agotados los cinco años de un contrato de vivienda –o los siete en caso de que el arrendador sea una persona jurídica–, el alquiler se mantendrá mediante extensiones de contrato sucesivas. Un cambio que en el real decreto se justifica porque la regulación anterior se había concebido “para un mercado con oferta abundante y precios contenidos”, pero que “ha dejado de responder a la realidad”. De hecho, el propietario puede recuperar la vivienda bajo causa justificada, aunque debe comunicarlo con seis meses de antelación al inquilino. Si decide expulsarlo sin causa probada, tendrá que abonarle una indemnización equivalente a 12 mensualidades. Por otro lado, si es el inquilino el que quiere irse, deberá avisar con dos meses de antelación para no perder la fianza.Desde el punto de vista económico, Albert Guivernau, doctor en Economía y director del think tank Fundación Civismo, coincide en que la intención del decreto es dar estabilidad a los contratos, pero explica que el argumento en contra tiene que ver con la posibilidad de que se cree un tapón en el mercado. "El problema radica en que, si al propietario se le dificulta el proceso de alquilar en un contexto de poca oferta, la persona que ya tiene un contrato y está dentro del mercado estará más protegida, pero quien busca casa puede tenerlo mucho más complicado para acceder, bien porque la movilidad es menor, o bien porque los propietarios decidan no poner su casa en el mercado", puntualiza.Frente a Jacinto, Guivernau señala que un pequeño propietario, que por definición tiene "menos músculo financiero" que una empresa, podría sentirse más inseguro en un contexto como el actual y retirar su oferta o poner un precio superior. "Hay un riesgo de crear una dualidad de mercados. Esto es, un mercado muy protegido para quienes consiguen entrar en él y otro cada vez más difícil y caro para quienes todavía intentan acceder", señala. De ahí que el otro decreto contenga bonificaciones a los caseros que pongan su vivienda a precio asequible y un compromiso de que la Administración asumirá los gastos de este cuando un desahucio no se pueda llevar a cabo.Para Javier Gil, investigador del CSIC y autor de varios trabajos sobre el mercado de la vivienda, el problema tiene más que ver con un relato político que trata de infundir miedo que con una evidencia real. "Cualquier medida que dé derechos a los inquilinos y reduzca el beneficio de los inversores siempre se va a encontrar de frente con una guerra cultural y mediática", señala. "Siempre que se intenta intervenir el mercado, se crea una campaña para que la población piense que esas propuestas son perjudiciales y que van a generar el efecto contrario al deseado", concluye el investigador.La centralidad de la crisis de vivienda ha hecho que en los últimos días se sucedan análisis y respuestas que fían la solución a un solo factor, pero la crisis es poliédrica y abarca desde los salarios a la inversión, pasando por la inseguridad del mercado de alquiler, la fiscalidad o la escasez de viviendas protegidas de nueva construcción.“Construir, construir y construir”. Así enunciaba en julio el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo (PP), la receta que maneja para atajar el problema de la vivienda. De hecho, la Comunidad ha señalado que se plantea recurrir los decretos de vivienda si estos salen adelante. Sin embargo, si en algo coinciden los expertos es en que la construcción puede tener un efecto a largo plazo, pero dado el número de viviendas que se necesitan —un millón de aquí a 2030, según el Banco de España— y el tiempo que tardan en construirse, abordar el problema solo por este flanco dejaría a varias generaciones atrapadas en un mercado que, sin regulación, seguiría desbocado e inaccesible.El dilema ahora es cómo conjugar las soluciones e intervenir un espacio económico que, pese a la crispación social, no da señales de tregua. La votación que volverá a poner a prueba las posiciones de los distintos partidos en la Diputación Permanente aún no tiene fecha concreta, aunque se espera que sea en las próximas semanas.