Una demanda colectiva de 20 millones de consumidores del Reino Unido exige a Google 1.200 millones de libras (≈ 1.420 millones de euros) por prácticas anticompetitivas en la Google Play Store. Lo cuenta Ana Maria Constantin en The Next Web. La reclamante representativa es Liz Coll, defensora de los derechos digitales del grupo Which?, y la demanda cubre el período comprendido entre octubre de 2015 y julio de 2026 —más de una década de alegadas prácticas que habrían sobrevaluado artificialmente las comisiones que Google cobra a los desarrolladores y que, según los demandantes, trasladó indirectamente a los consumidores en forma de precios más altos en aplicaciones y compras dentro de la app. El caso llega apenas seis semanas después de que Google llegara a un acuerdo separado de 260 millones de libras (≈ 308 millones de euros) con los propios desarrolladores por el mismo período y las mismas comisiones.La segunda ola llega cuando todavía no se ha enfriado la primera.¿Cuál es el argumento legal y quién representa a los 20 millones?El argumento central de la demanda es que Google abusó de su posición dominante en la distribución de aplicaciones para Android en el Reino Unido para cobrar comisiones por encima del nivel que habría surgido en un mercado competitivo —habitualmente entre el 15 y el 30% por transacción en la tienda, frente al 2-5% que un procesador de pagos independiente cobraría por el mismo servicio. Los demandantes sostienen que esas comisiones excesivas se trasladaron al precio final de aplicaciones y compras dentro de la app, perjudicando directamente al consumidor.No es necesario demostrar que cada uno de los 20 millones de demandantes sufrió un perjuicio concreto y cuantificable. La Regulación de Defensa del Consumidor de 2015 del Reino Unido permite que Liz Coll actúe como reclamante representativa del grupo entero, y que el daño se calcule de forma agregada. Esta arquitectura legal es la misma que permitió las demandas colectivas contra Mastercard y Visa por comisiones de intercambio en años anteriores, algunas de las cuales resultaron en acuerdos de cientos de millones de libras.La cronología: seis semanas después del acuerdo con los desarrolladoresEl timing no es coincidencia y Liz Coll no lo presenta como tal. El acuerdo de 260 millones de libras que Google aceptó con los desarrolladores semanas antes —sin admitir responsabilidad, como suelen estructurarse estos acuerdos— es un precedente legal útil para la demanda de consumidores. Muestra que el Tribunal de Apelación de Competencia reconoció suficiente fundamento en las alegaciones de los desarrolladores como para que Google prefiriera negociar a litigar hasta el final.Para la demanda de consumidores, ese precedente tiene dos lecturas. La primera es que valida la teoría del daño: si Google pagó 260 millones a los desarrolladores por comisiones excesivas, la tesis de que esas comisiones se trasladaron al consumidor final no es descabellada. La segunda es que señala la disposición de Google a negociar acuerdos cuando el riesgo de sentencia adversa es suficientemente claro. Una condena de 1.200 millones de libras a 20 millones de consumidores tendría un impacto reputacional diferente a un acuerdo confidencial con desarrolladores.La orden ejecutiva de California sobre el kill switch para sistemas de IA del gobernador Newsom y las campañas de influencia autónomas con IA de Irán y China apuntan al mismo contexto regulatorio más amplio: los gobiernos y tribunales de todo el mundo están poniendo a las grandes tecnológicas bajo escrutinio simultáneo en múltiples frentes.¿Qué pasará con el caso y cuál es el precedente real en juego?Las demandas colectivas en el Reino Unido contra grandes tecnológicas tienen un historial mixto. El caso de Liz Coll frente a Google enfrenta un obstáculo probatorio relevante: demostrar la causalidad entre las comisiones excesivas de Google y los precios que pagaron los consumidores finales requiere establecer que los desarrolladores no absorbieron parte de la comisión sino que la trasladaron íntegramente al precio. Muchos desarrolladores hacen exactamente lo contrario: ajustan el precio para competir y absorben el coste de la comisión como parte del coste de distribución.La cumbre de IA de Dumfries House convocada por el rey Carlos con Jensen Huang, Demis Hassabis y representantes de OpenAI y Anthropic es el tipo de momento que recuerda que las grandes decisiones sobre tecnología se toman en espacios donde los 20 millones de consumidores del Reino Unido no tienen voz directa. Las demandas colectivas son uno de los pocos mecanismos que les dan una de forma sistemática.Lo que complica el caso a largo plazo es que Google tiene recursos prácticamente ilimitados para litigar durante años, y las demandas colectivas en el Reino Unido contra grandes tecnológicas tienen un historial de acuerdos tardíos que llegan cuando la mayoría de los demandantes ha perdido interés. El éxito de esta demanda depende de que el Tribunal de Apelación de Competencia mantenga la misma disposición que mostró frente a los desarrolladores, y de que los 20 millones de consumidores representados sigan siendo un número políticamente relevante cuando llegue el momento de la negociación real. Liz Coll ha demostrado que sabe construir ese tipo de presión sostenida.La cifra de 1.200 millones de libras parece enorme hasta que se pone en perspectiva con los ingresos anuales del Play Store, que superan los 11.000 millones de dólares. El riesgo real para Google no es el importe de la condena: es el precedente. Si un tribunal establece que las comisiones del 30% de las tiendas de aplicaciones son anticompetitivas, el efecto sobre las comisiones de Apple en el App Store —que enfrenta litigios similares en múltiples jurisdicciones— y sobre la economía entera de las plataformas digitales sería de largo alcance. Liz Coll lo sabe y ha elegido el momento con cuidado.La noticia Veinte millones de consumidores del Reino Unido demandan a Google por 1.200 millones de libras: la segunda ola del Play Store fue publicada originalmente en Wwwhatsnew.com por Natalia Polo.