El hecho de que 160 etarras hayan salido de la cárcel de la mano del sanchismo da la medida de la mayor infamia de esta legislatura: mantenerse en el poder a cambio de poner en la calle a los terroristas. El precio lo fijó Arnaldo Otegi cuando en 2021 confesó ante sus propios militantes que tenía a 200 presos en la cárcel y que, para liberarlos, apoyaría los Presupuestos del Gobierno. Ese fue el trato, y ese es el precio que está a punto de cobrarse. Las terminales del Gobierno intentaron negarlo una y otra vez, tachando de conspiranoico y mentiroso a quien denunciaba semejante mercadeo. Hoy los hechos dan, dolorosamente, la razón a quienes lo advirtieron. Para mantenerse en la Moncloa, Pedro Sánchez no dudó en ponerse del lado de los representantes de quienes mataban, en blanquear su relato, en permitirles participar en la construcción de la 'memoria democrática' de España y en convertirlos en socios asimilables. La culminación de todas esas vergüenzas es la excarcelación prematura de quienes llenaron nuestras calles de sangre y terror. La herramienta empleada fue tan burda como las intenciones: la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco abrió la puerta de atrás para favorecer la salida de los etarras mediante la aplicación de terceros grados encubiertos y regímenes penitenciarios a medida. Así fueron liberados sanguinarios terroristas cuyos nombres permanecen clavados en la memoria de España, como Txapote o Henri Parot, junto a otros muchos. Las fórmulas incluyeron trabajos de dudosa consistencia y arrepentimientos que, en demasiados casos, no se tradujeron en una verdadera asunción de responsabilidades. La izquierda aberzale no ha roto con la justificación política de la violencia ni ha cerrado las heridas que contribuyó a abrir. En su entorno persisten la contextualización y el blanqueamiento de las atrocidades de ETA, así como la intimidación en las calles de quienes piensan diferente. El terror dejó secuelas que ninguna política penitenciaria puede borrar: no se puede devolver la vida a las 850 víctimas mortales de ETA ni reparar el sufrimiento de sus familias . Tampoco se puede ignorar a los miles de ciudadanos que tuvieron que abandonar el País Vasco para salvar sus vidas, expulsados de su tierra por la amenaza terrorista. Esos exiliados siguen sin recibir el reconocimiento que merecen. Mientras se promueven fórmulas para facilitar el acceso a la nacionalidad española de descendientes de quienes emigraron durante la Guerra Civil y la dictadura, decenas de miles de ciudadanos que huyeron del terrorismo no pueden ejercer sus derechos políticos en la tierra de la que fueron expulsados, una paradoja que retrata la dimensión de una injusticia todavía pendiente. Los herederos políticos de ETA se presentan hoy como héroes de la democracia y socios prioritarios de un Gobierno que depende de ellos para sobrevivir. Se confunde la convivencia con la impunidad y no hay justicia cuando se sacrifica la memoria de las víctimas para satisfacer las exigencias de quienes no han condenado de manera inequívoca el legado de la banda ni han cesado en sus amenazas. Ese es el precio de la infamia: la humillación de tantos españoles que dieron su vida, su libertad y su seguridad por la democracia sin imaginar que un día sus sacrificios serían moneda de cambio.