Donald Trump puso en duda el sistema electoral de EE UU que dio la victoria a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El resultado fue un intento de golpe de Estado alentado por el propio presidente saliente que provocó el asalto al Capitolio, en Washington, durante la celebración del conteo final de votos con el que el Congreso y el Senado certificaron la victoria del candidato demócrata. Dos años después, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro alertó de un supuesto fraude electoral en las elecciones de octubre de 2022 que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva. Los simpatizantes del dirigente ultra asaltaron el 8 de enero de 2023 el Congreso y la Corte Suprema de Justicia en Brasilia. La difusión del bulo del pucherazo salió gratis a Trump que, cuatro años después, volvió a resultar elegido. Bolsonaro espera ansioso en prisión a que su hijo Flávio se imponga finalmente a Lula el 25 de octubre. El hijo del golpista ya ha anunciado que lo primero que hará será indultar a su padre y gobernar el país junto a él.En España todavía no se ha producido una revuelta de ese tipo pero, cada vez más, la derecha y la ultraderecha recurren a la patraña del pucherazo y buscan estrategias para darle máxima credibilidad al bulo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ya sembró el miércoles las primeras dudas: "Que a nadie se le ocurra votar por correo", dijo. El presidente de su partido y candidato a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, la ha seguido y ha anunciado que pretende pedir a la Junta Electoral Central "medidas adicionales" para que no haya irregularidades en el sufragio a través del servicio postal, una mentira a la que también se ha sumado el líder de Vox, Santiago Abascal. Se trata de una acusación muy grave. Tanto, que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) castiga con hasta siete años de cárcel al que cambie sobres o papeletas, altere el censo, consienta que alguien vote varias veces, imprima papeletas ilegales o cometa cualquier otra falsedad que altere el resultado. Todas estas objeciones que lanzan PP y Vox se disiparán automáticamente si, como vaticinan las encuestas, ganan las elecciones. Pero, ¿y si no lo consiguen?Sin embargo, el partido ultra es el que, de manera más hábil, ha conseguido multiplicar la desinformación sobre la infundada sospecha de falta de limpieza de las elecciones. En la Junta Electoral Central (JEC) creen que, en realidad, ya lo ha conseguido poniendo en duda algo tan serio como la conformación del censo. Han contado con la complicidad de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, a petición de la formación de extrema derecha y obviando las advertencias de la letrada de las Cortes que defiende a la JEC, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal ha suspendido cautelarmente el derecho fundamental de voto de más de 160.000 personas advirtiendo de "un peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios". Ese supuesto riesgo de fraude se habría producido gracias a la posibilidad que la Ley de Memoria Democrática dio en 2022 a hijos y nietos de represaliados exiliados de obtener la nacionalidad. El mensaje que los magistrados lanzan es claro: el muñidor de todo esto es el Gobierno. Da igual que esa gravísima medida cautelar que afecta directamente al corazón de la democracia se haya adoptado sin dar la oportunidad a ninguno de esos más de 160.000 españoles de convencer al tribunal de que obtuvieron la ciudadanía cumpliendo los requisitos legales y aportando los documentos necesarios. Tampoco importa que los magistrados se fijen únicamente en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero no en el general, que ha crecido en una proporción mucho más elevada (más de 700.000 personas) en su mayoría votantes que también están recién nacionalizados –muchos también mediante la ley de nietos– pero cuyos derechos electorales no se ponen en duda. Ni que los suspendidos representen un 0,4% del censo electoral total (35,7 millones de personas) y su participación, basándose en comicios anteriores, no vaya a superar el 0,06% de los más de 25 millones de sufragios que, con total probabilidad, se contabilizarán el 29 de noviembre. Lo importante es que seis magistrados de la más alta instancia Contencioso-Administrativa de España se han creído a Vox y están debatiendo sobre la limpieza de los comicios.La desconfianza en el sistema democrático sembrada por los de Abascal también se extiende a la neutralidad del máximo organismo de la administración electoral, la JEC. Porque lo que está en juego en el Supremo es un acuerdo de ese organismo en el que afirmó, tras pedirle Vox y otras formaciones que se pronunciara por el procedimiento de obtención de la ciudadanía por la ley de nietos, que entre sus competencias no estaba "la de pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad" y recordaba que el 68.5 de la Constitución establece que "son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos" y obliga al Estado a facilitar "el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España". El criterio de la máxima instancia electoral española, por tanto, ha sido cuestionado. Da igual que esté conformada por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos de Derecho, de Ciencias Políticas o de Sociología. O que su presidente, Eduardo Calvo, y su vicepresidenta, Pilar Teso, formen parte de la misma Sala que ahora pone en duda su criterio.Que un bulo de Vox sea asumido por una institución tan importante como el Tribunal Supremo y que éste, a su vez, haya dictado una resolución insólita de privar cautelarmente de voto a más de 160.000 personas ya ha hecho un daño irreparable en la confianza de los electores –sobre todo los que votan a partidos de derecha– en el sistema de elecciones y en los resultados de las próximas generales. Los expertos consultados advierten de que, en caso de seguir con el derecho de sufragio suspendido, los afectados podrían llevar el caso al Tribunal Constitucional. "Si al final es el Constitucional el que devuelve el orden a todo esto dará igual, porque el daño ya está hecho", sostienen en la JEC. "Si se estimaran esos hipotéticos recursos y se devolviera el voto a toda esa gente, la derecha sostendría un argumento similar al que mantuvo con la amnistía: que lo ha hecho el Constitucional de Cándido Conde-Pumpido". Con el impulso de Vox y la sorprendente actuación del Supremo, las teorías de la conspiración ya están sembradas en el electorado gracias a que han entrado en la agenda de las instituciones. Si el resultado electoral no es el que esperan los que se las creen, el principal mecanismo en cualquier democracia, las elecciones, quedará bajo sospecha. En Estados Unidos o Brasil, la indignación llevó a la violencia y llegó a poner en riesgo sus sistemas democráticos. Ambas experiencias internacionales han demostrado que, en la nueva era de la desinformación masiva, socavar las instituciones y los procedimientos democráticos puede llevar a peligros sistémicos.