La Iglesia hispalense tiene muy presente el acuciante problema de la vivienda y así lo ha subrayado esta semana el propio arzobispo, José Ángel Saiz Meneses, quien ha reclamado un pacto de Estado sobre este asunto, en línea con lo sugerido por la Conferencia Episcopal. El informe Foessa de Cáritas ya alertaba de las dificultades para acceder a una vivienda incluso teniendo trabajo estable. La Pastoral del Trabajo había elegido esta cuestión candente antes de que ocupara el centro del debate político. La celebración este año de la jornada mundial por el Trabajo Decente, el miércoles 7 de octubre, ha estado marcada por la crisis de la vivienda. En Sevilla, la delegación de Pastoral del Trabajo organizó una vigilia en la parroquia de Nuestra Señora del Mayor Dolor en la Barzola, del distrito Macarena, presidida por el vicario de Pastoral Social, Salvador Diánez, con asistencia de más de sesenta personas. Se leyeron extractos de la Doctrina Social de la Iglesia y del magisterio pontificio de León XIV. Desde el departamento de la Conferencia Episcopal y desde la delegación diocesana se ha recordado que los derechos al trabajo y a una vivienda digna van íntimamente unidos. De acuerdo con los datos recopilados por esta iniciativa eclesial, «sólo el 31 % de las personas de entre 18 y 34 años vive de forma independiente sin ayuda familiar, mientras que la edad media de emancipación se sitúa en los 30,2 años», lo que tiene consecuencias en las tasas de natalidad, por ejemplo. Para la Iniciativa por el Trabajo Decente (ITD), «el trabajo decente constituye una condición fundamental para que las personas puedan vivir con dignidad, acceder a sus derechos y construir un proyecto de vida. La precariedad laboral no afecta únicamente al ámbito del empleo, sino que tiene consecuencias en otras dimensiones esenciales de la vida, como la posibilidad de acceder a una vivienda, formar una familia o participar plenamente en la sociedad». Es por ello que reivindican «empleo estable, salarios suficientes y políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda asequible» para solucionar un problema que ha estallado con fuerza en los últimos años tanto en España como en el resto de Europa. Tener trabajo ya no es garantía de disponer de un hogar dada la precariedad y los bajos salarios que se ceban, sobre todo, en las nuevas incorporaciones al mercado laboral. También monseñor Saiz Meneses ha hecho oír su voz estos días. «La vivienda es un derecho y un deber de los gobernantes y los agentes sociales», dijo el arzobispo de Sevilla en la rueda de prensa donde presentó las publicaciones del Observatorio de Piedad Popular. «¿Cómo conseguir que ese bien sea accesible a todos? Eso ya es más difícil. Lo cierto es que hay que llegar a un pacto de Estado a medio o largo plazo entre los agentes políticos, sociales y económicos para conseguir sin partidismos ni inmediateces que sea accesible para todos», continuó su reflexión. En esto no se apartaba ni un milímetro de lo expuesto por el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco García Magán, al término de la comisión permanente de los obispos españoles la semana anterior, incidiendo en la necesidad de un pacto de Estado en vez de medidas efectistas de urgencia: «Reaccionamos solo en un momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica», señaló, antes de situar la cuestión en un plano más amplio: «No hacer una solución puntual, de parche a un problema, sino que requiere una altura de miras y hacer una reflexión general de una política de vivienda».