No fue una vez, tampoco dos, ni siquiera tres. Fueron múltiples las ocasiones en las que Pedro Sánchez se comprometió a convocar las urnas cuando tocase, en 2027, y también a presentar los Presupuestos Generales para 2026. Ni una cosa ni la otra.Todas esas afirmaciones saltaron por los aires este viernes. El presidente se refugió durante el fin de semana en Moncloa para reflexionar, tras la última derrota en las Cortes, por la que decayeron los decretos de vivienda. El resultado de esa deliberación lo conocíamos a primera hora de la mañana: anticipo electoral para el 29 de noviembre.El arco parlamentario ha estado muy fragmentado, lo que ha dificultado sacar adelante cada medida llevada a la cámara. Pedro Sánchez fue reelegido con 179 votos, los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, los siete de ERC, los siete de Junts, los seis de Bildu, los cinco del PNV, el del BNG y el de Coalición Canaria.Por primera vez en la historia de la democracia, una legislatura se cierra sin haberse aprobado unos Presupuestos Generales. Pero no ha sido la falta de cuentas lo que ha hecho caer al gobierno progresista; tampoco han sido los casos judiciales que le han salpicado, ni la crisis migratoria de Ceuta. Ha sido la vivienda y toda la movilización que esta dramática realidad ha puesto sobre la mesa desde el pasado 23 de septiembre.¿Qué ocurrió el 23 de septiembre?Miércoles 23 de septiembre. Ceuta copa la actualidad informativa hasta que, a primera hora de la mañana, se ejecuta la orden de desahucio contra Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años obligada a abandonar la que había sido su casa durante los últimos 70 años. La imagen de Maricarmen saliendo en camilla hacia el hospital desgarró conciencias y provocó una ola de indignación que hoy parece difícil de contener.Su situación no reflejaba la realidad que sufre la mayoría de los ciudadanos afectados por la crisis de la vivienda, pero ella se ha convertido en un símbolo de esta lucha. El padre de Maricarmen firmó un contrato de alquiler durante el franquismo. A su muerte, su madre se subrogó en él y, cuando ella falleció, lo hizo Maricarmen. Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aprobada en 1994, establece que esta segunda subrogación en un hijo tiene una duración máxima de dos años. Su contrato vencía en 2007, pero ella siguió en la vivienda y pagando la renta que había estado abonando anteriormente. La LAU de 1994 también establecía que, si el hijo del arrendatario fallecido tenía una discapacidad "igual o superior al 65 %" en el momento en el que se produjese la subrogación, esta tendría vigencia hasta su fallecimiento.En 2018, el piso era propiedad de Renta Corporación. Entonces se informó a Maricarmen de la intención de vender el inmueble a Urbagestión para que ella pudiese ejercer su derecho de tanteo. Maricarmen contó que no tenía el dinero para comprar la vivienda, que fue entonces adquirida por Urbagestión.Urbagestión preguntó a Maricarmen en 2018 si tenía alguna discapacidad y, en 2021, esta habría aportado un informe médico que indicaría que tenía "en 2018 un grado de minusvalía del 65 %". La Audiencia Provincial concluyó que "no solo la minusvalía no ha sido declarada por el órgano competente, sino que se desconoce si existía en el año 2005, cuando se produjo el fallecimiento de su madre".Hasta llegar al 23 de septiembre de 2026 se paralizaron tres intentos de desahucio, pero el cuarto sí fue ejecutado. Maricarmen abandonó su casa para ingresar en el hospital, donde falleció este miércoles. Tras la ola de manifestaciones que ese día y al día siguiente recorrieron el país, se alcanzó un acuerdo que le permitía regresar a su casa cuando fuera dada de alta, una vuelta que ya no será posible.Acampada en SolLa indignación expresada en estas manifestaciones se materializó en una acampada en la Puerta del Sol que, lejos de ir a menos, crece cada día. La protesta ha ido evolucionando, siempre con el objetivo de forzar medidas urgentes en materia de vivienda y preparar su salto a los barrios, y con la amenaza de una herramienta que ya se ha materializado: la huelga general.La propia Maricarmen apeló directamente a Sánchez para apurar esas medidas y el presidente recogió el guante. Esto nos sitúa en el martes 29 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros aprueba por primera vez los decretos que esta semana han vuelto a Moncloa para conseguir, a través de la Diputación Permanente, que al menos uno de ellos vea la luz.Los sindicatos, excepto USO y CSIF, se han sumado a la crispación en la calle y han anunciado una huelga general cuya fecha no está confirmada, pero que quieren que se celebre el 11 de noviembre, dos días antes de que arranque la campaña electoral.Huelga generalLa huelga general por la crisis de la vivienda será el próximo 11 de noviembre. Va a ser el primer paro general de la era Pedro Sánchez, y ha sido criticada duramente por los empresarios, que ven en esta protesta un claro trasfondo político y electoral. Antonio Garamendi ha denunciado que no es una huelga general que responda a motivos laborales y que podría ser ilegal.Causas judicialesUna campaña que se prevé intensa y muy bronca si recoge el tono que se ha vivido en las diferentes sesiones de control de la legislatura. Los temas que se perfilan como protagonistas son, para la izquierda, la vivienda, la posición defendida por España en política internacional y los logros económicos; y, para la derecha, la mala gestión de la crisis en Ceuta, las causas judiciales que rodean al Ejecutivo y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes. Falta saber cómo influirá 'el efecto Maricarmen', ya que la muerte de un símbolo nunca sabe qué repercusiones puede tener.Dos familiares de Sánchez han pasado por los juzgados: su hermano, David Sánchez, fue condenado por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa; y el juez Peinado envió a juicio con jurado popular a su esposa, Begoña Gómez, por un caso de presunto tráfico de influencias y malversación que el Gobierno critica por considerar que tiene motivaciones políticas.Además, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, fueron condenados en junio por el Tribunal Supremo a más de 24 y 19 años de prisión, respectivamente, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en un caso de compra irregular de mascarillas durante la pandemia.El último golpe en el tablero judicial para el PSOE llegó de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue imputado hace unos meses por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, antes de ampliarse esa investigación por presuntos delitos fiscales y de contrabando a raíz de unas joyas que se encontraron en su despacho. Las hijas del expresidente declararán como imputadas en esta causa un día después de los comicios.En la comparecencia para anunciar la convocatoria electoral, Pedro Sánchez ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o si desean que España siga siendo "un baluarte de apertura, de justicia social y de responsabilidad medioambiental". Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al cambio para cerrar esta "negra etapa" y emprender una "reconstrucción nacional".La crisis de Ceuta, un problema sin solución a la vistaHa pasado casi un mes y medio desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la situación sigue sin solucionarse. A pesar de la creación de campamentos, la ciudad sigue aún muy lejos de recuperar la normalidad y la paciencia de los vecinos ceutíes ha llegado a su límite.Las incongruencias dentro del propio Gobierno sobre los avisos previos a la llegada masiva de migrantes y la escasa o nula gestión de esta crisis humanitaria por parte del Ejecutivo también han supuesto gandes obstáculos en el camino de los socialistas, que no han logrado el objetivo de agotar la legislatura.Calendario electoralCon la publicación el martes en el BOE de la convocatoria anticipada, se ha activado la maquinaria electoral. El Congreso y el Senado resultantes de las elecciones generales del 29 de noviembre se constituirán el día 23 de diciembre. Una vez conformadas las nuevas Cortes, los reglamentos del Congreso y del Senado obligan a que la constitución de los grupos parlamentarios se haga dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva de cada una de las cámaras.Con los grupos ya constituidos, se abre la puerta a las consultas que deberá mantener el rey con los representantes de cada uno de ellos para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno.