El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo sugirió este viernes en la Cadena SER al afirmar que la derecha considera la muerte de Maricarmen Abascal “otro 11M”. La comparación plantea si el 29N puede repetirse un vuelco electoral como el de 2004. Puente respondía a la negativa del Ayuntamiento y de la Asamblea de Madrid a homenajear a la anciana fallecida en sus plenos y a las acusaciones de manipulación política lanzadas por el PP. “Vilipendiar a una persona de 87 años, discapacitada, expulsada de su vivienda y que muere en un hospital a los pocos días, es una muestra de maldad y esta sociedad no puede ser cómplice de eso”, afirmó el ministro.Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre después de ser desahuciada de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante décadas. Lo ocurrido plantea un escenario sin precedentes en una convocatoria electoral anticipada por culpa de la negativa de la derecha, PP, Vox y Junts, a adoptar medidas contra los desahucios.La primera semejanza es el calendario. Los atentados del 11 de marzo de 2004 ocurrieron tres días antes de las urnas. La muerte de Maricarmen Abascal llega con la campaña ya en marcha, lo que reduce el tiempo de los partidos para corregir errores y convierte cada declaración en material electoral.La segunda afecta a la gestión. El Gobierno de José María Aznar mantuvo la atribución a ETA mientras avanzaban los indicios de una pista yihadista. Esa decisión alimentó la percepción de que manejaba la información con criterios políticos.El reproche es hoy distinto. Una parte del electorado puede ver en el voto contra los decretos y en la apelación a la propiedad y la seguridad jurídica una respuesta defendible desde el punto de vista técnico, aunque resulte a todas luces insensible en lo social.En ambos casos está en juego la confianza. En 2004 se acusó al Gobierno de sostener la hipótesis que le favorecía en las urnas. Ahora los ciudadanos deben juzgar si la defensa de la propiedad privada es una respuesta equilibrada o una manera de hacer más vulnerable a quien no puede pagar el alquiler.La tercera semejanza es la calle. El 13 de marzo de 2004 miles de personas se concentraron ante las sedes del PP para exigir la verdad sobre los atentados. Ahora hay una acampada en la Puerta del Sol y movilizaciones en distintas ciudades.Aquellas concentraciones respondían a una demanda inmediata: conocer la autoría de la matanza antes de votar. Se celebraron en plena jornada de reflexión y ante las sedes del partido gobernante.Las protestas actuales reúnen demandas diversas, desde alquileres asequibles hasta la regulación de los fondos de inversión. Esa amplitud ensancha el movimiento y dificulta que se traduzca en un voto homogéneo. Nadie ha podido medir qué parte del cambio de voto en 2004 se debió al terrorismo, a la guerra de Irak o a la gestión informativa de la investigación acerca de quiénes eran los autores de los atentados.El mecanismo podría repetirse en 2026, aunque todo hace pensar que de forma limitada, con abstencionistas activados o trasvases dentro de cada bloque. Eso no implica necesariamente un desplazamiento de los votos hacia la izquierda. Una parte del electorado puede leer los mismos hechos como prueba del fracaso de los decretos del Gobierno.Las diferencias pesan más. El 11M fue una masacre súbita con 192 muertos y casi 1.900 heridos. La vivienda es un problema con causas económicas, legales y territoriales desarrolladas durante años, y la muerte de Maricarmen Abascal actúa como catalizador emocional.En 2004, la duda era quién había cometido el atentado y si el Gobierno decía la verdad. En 2026 los hechos son conocidos. El primer debate es cómo interpretarlos y qué políticas aplicar.También ha cambiado el reparto de responsabilidades. Hace 22 años el PP gobernaba España y controlaba toda la comunicación oficial. Hoy el PSOE dirige el Gobierno central y la derecha gobierna la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, donde se produjo el desahucio.Esa dispersión da a cada partido una acusación contra los demás. El Gobierno puede denunciar el bloqueo de la derecha y de Junts, y el PP puede atribuir al Ejecutivo la crisis de precios. Vox puede presentar a ambos como parte de un sistema ineficaz, lo que le da una posibilidad de seguir creciendo a lomos de su discurso contra el bipartidismo.Los partidos llegan además a esta crisis con posiciones consolidadas. El PP defiende la propiedad privada, la seguridad jurídica y el aumento de la oferta. La izquierda prioriza la protección de los inquilinos, la intervención del mercado y la limitación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.Un vuelco exigiría que coincidieran cuatro condiciones. Una mayoría tendría que concluir que el PP actuó con insensibilidad o mala fe y el PSOE tendría que aparecer como alternativa creíble. Sus votantes potenciales deberían movilizarse y haría falta un trasvase efectivo desde el PP o la abstención.Pero hay una diferencia estratégica con 2004. El PSOE está ahora en el Gobierno y debe responder por la eficacia de su política de vivienda. También por haber convertido una derrota parlamentaria en una convocatoria electoral.El PP puede neutralizar el riesgo si impone la idea de que el desahucio responde a decisiones judiciales o administrativas concretas, y a eso se está aplicando estos días. No obstante, el riesgo crece si sus dirigentes reaccionan con frialdad, contradicciones o ataques a las personas que se están movilizando en la calle. Alberto Núñez Feijóo ya ha reaccionado denunciando “un intento de manipulación emocional a los españoles”.El resultado depende de cuál de los relatos en disputa se imponga. Si el PP aparece como defensor de la propiedad frente a un Gobierno incapaz de construir vivienda, saldrá reforzado. Si la propiedad se percibe como excusa para desentenderse de personas vulnerables, se movilizará la izquierda.Caben otros dos. La idea de que todos los partidos han fracasado empujaría hacia la abstención o el voto de protesta hacia Vox; la de que el Gobierno utiliza un drama personal limitaría el beneficio electoral del PSOE.Puente asegura que los socialistas manejan sondeos que les sitúan como fuerza más votada. Pero el primer sondeo posterior a la muerte de Maricarmen Abascal, realizado por El País y la Cadena SER los días 7 y 8 de octubre, mantiene la mayoría absoluta de PP y Vox con 198 escaños. El PSOE mejora apenas siete décimas. La ventaja del bloque de derechas —PP y Vox— es de aproximadamente 15 puntos porcentuales sobre el bloque de izquierdas formado por PSOE, Sumar y Podemos: 50,8% frente a alrededor del 35,8%. La diferencia es, por tanto, de 15 puntos.Antes del 11-M, las encuestas daban al PP como claro favorito: el preelectoral del CIS le atribuía un 42,2% de los votos frente al 35,5% del PSOE, una ventaja de 6,7 puntos. Sin embargo, el 14 de marzo el PSOE obtuvo el 42,6%, mientras el PP consiguió el 37,7%, de manera que la diferencia se invirtió y pasó a ser de 4,9 puntos a favor de los socialistas: un vuelco de 11,6 puntos porcentuales.