El 3 de julio de 2020, cuando el coronavirus azotaba con fuerza a todo el mundo, el Gobierno dio luz verde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Con una dotación de hasta 10.000 millones de euros, el instrumento financiero estaba pensado para evitar el hundimiento de compañías clave para la economía. Una treintena de solicitudes recibieron el visto bueno. Media decena procedían de aerolíneas. Entre las beneficiarias, Plus Ultra. Una ayuda que fue auditada, junto con el resto de las concedidas, por el Tribunal de Cuentas. Y cuya concesión se encuentra ahora bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.La aerolínea, que estuvo controlada por empresarios venezolanos considerados cercanos al régimen chavista, recibió 53 millones de euros de ayuda pública: 34 millones en forma de préstamo participativo y 19 millones de préstamo ordinario. El rescate recibió luz verde a comienzos de marzo de 2021. Cinco años después, la aerolínea ha pagado, según datos del propio Gobierno, 12 millones en intereses. Según el calendario fijado, la devolución debería completarse, como tarde, en 2028. Los 19 millones del principal deberían haberse reintegrado hace un par de meses, pero se acordó un aplazamiento "debido a la subida del coste del queroseno" y los cierres provocados tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año.El rescate ya estuvo bajo la lupa de un juzgado madrileño. Pero un error en la prórroga de la instrucción que dejó a la magistrada sin margen para nuevas diligencias provocó el sobreseimiento provisional de la causa. Unos meses más tarde, sin embargo, llegaron a la Fiscalía Anticorrupción unas órdenes europeas de investigación remitidas por Francia y Suiza. Y eso provocó la reactivación de un caso que ha terminado llegando a la Audiencia Nacional. Las autoridades galas y suizas alertaron de la posibilidad de que el rescate se hubiera usado en una trama de lavado de dinero venezolano. Plus Ultra aseguró que había destinado un 40% de la misma a pagar a acreedores, un 22% a gastos operativos –nóminas, impuestos o seguros sociales–, un 19% a reembolsos de pasajeros y otro 19% a "capital de trabajo".El Gobierno, que siempre ha sido reacio a facilitar información sobre el rescate aludiendo al "carácter reservado" de la misma, insiste en que el rescate se ajustó a la legalidad. Y en que, hasta ahora, ni un solo organismo lo había puesto en duda. El Tribunal de Cuentas publicó en septiembre de 2024 su informe sobre la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el procedimiento de aprobación de las operaciones del fondo de apoyo. Tras analizar toda la documentación, el órgano fiscalizador concluye que los "órganos de gestión y decisión" aplicaron "un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige", dispusieron de información para "tomar una decisión fundada" y que la aplicaron "de forma no discriminatoria y con arreglo a las normas procedimentales".El documento también resalta que la concesión de la ayuda "no se apartó, en ningún caso, de la opinión emitida por los asesores externos en sus informes sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad". Porque el procedimiento, en este caso, se apoyaba en el llamado principio de los cuatro ojos, por el cual una decisión debe ser validada por, al menos, dos personas: "En el proceso de la decisión sobre las ayudas el procedimiento contempla una intervención de los servicios de SEPI, que fueron reforzados por personal temporal contratado, y de los asesores externos –contratados específicamente para esta labor–, de forma que en la propuesta que llegara al Consejo Rector, aparecieran los resultados de los informes de los asesores, a su vez verificados por los servicios de SEPI en cada una de sus áreas".El documento también refleja cómo la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda consultaba a la Abogacía del Estado cada vez que había dudas interpretativas sobre los criterios de elegibilidad. O que, en todos los casos, remitió peticiones de subsanación a los solicitantes. Y también dio respuesta a la oposición, que desde el primer momento había puesto en duda el carácter "estratégico" de una aerolínea que operaba "menos de un 1% de las conexiones aéreas". "El Fondo se basó en informes de entidades públicas o privadas de solvencia y aplicó los criterios interpretativos derivados del Marco Temporal, de los criterios de la Comisión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, al tener como base de la declaración de 'estratégica' la importancia del sector en el que la empresa opera y no considerar como criterio de exclusión el tamaño de la empresa", apuntaba.La duración media de tramitación de los expedientes fue de 355 días. O 285 días si se pone el foco solo en las ayudas a las aerolíneas. En el caso de Plus Ultra, el asunto se resolvió en 182 días, frente a los 214 días en el caso de Volotea, 403 de Air Nostrum o 456 de Wamos. No fue, sin embargo, la resolución más rápida. Apenas 70 días se tardó, por ejemplo, en dar luz verde al rescate de 475 millones de euros de Air Europa. La normativa aplicable al fondo le confería una "potestad reglada". Es decir, si se cumplían las condiciones de elegibilidad "se debía proceder a la concesión". "Ello implica la concesión de ayudas a empresas que, aun cumpliendo los requisitos de elegibilidad, presentan una situación de debilidad económica y financiera", completaba el Tribunal de Cuentas.El Gobierno defiende que hasta cinco informes avalaron que la aerolínea no era una empresa que estuviera en crisis –era una condición fundamental para recibir la ayuda–: del auditor de Plus Ultra, de Price Waterhouse Coopers, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de DC Advisory y de Deloitte –estas dos últimas, como asesoras externas del fondo–. Esto contrasta, sin embargo, con un informe pericial independiente que fue elaborado a petición de la magistrada Esperanza Collazos en el marco de la inicial investigación que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En él, el perito Pedro Martín Molina hablaba de la existencia de un "préstamo participativo", de la falta de registro de "provisiones derivadas de ciertas contingencias" y de la "posibilidad de existencia de situación de insolvencia". Y ponía en duda, en definitiva, que la aerolínea no estuviera en crisis a cierre de 2019.Aquella pericial no fue determinante entonces para la magistrada. Sin embargo, sí le da relevancia el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. "El análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar. [...] Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica–, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", recoge el auto de imputación de Zapatero.Otro requisito para acceder a la ayuda era encontrarse al corriente de las deudas con la Seguridad Social. Cuando presentó su solicitud para el rescate en septiembre de 2020, la aerolínea adjuntó dos certificados de estar al corriente de sus obligaciones. Sin embargo, Deloitte, en su informe técnico, indicaba que Plus Ultra les había facilitado una resolución estimatoria, fechada un mes después de la solicitud, sobre el aplazamiento de una deuda preexistente de 451.954,79 euros contraída con la Seguridad Social. En el Gobierno, sin embargo, se defienden alegando que se puede "estar al corriente de las obligaciones" tanto cuando las deudas están pagadas como cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas.El instructor sospecha que la red de "tráfico de influencias" al frente de la cual pone a Zapatero habría cobrado una comisión por el rescate de la aerolínea a través de una sociedad offshore. El punto de partida se encuentra en un contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente. "La duración de este contrato viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea", apunta el magistrado. Como remuneración, se establece el 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, casi un mes después de aquello, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. En su auto, el juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de dicha offshore. Una afirmación que, por el momento, se apoya en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, envió a Martínez un correo con indicaciones para crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos un día después de que ambos comieran con el expresidente. "Según lo conversado ayer", rezaba el mail.Aún está por ver, del mismo modo, si el expresidente intercedió de alguna manera a favor de Plus Ultra. El instructor sostiene en su resolución que los directivos de la aerolínea intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". Esto, por el momento, se apoya en mensajes de terceras personas. "Yo busco cómo llegarle a ZP", reza un mensaje que Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, traslada a Julio Martínez Sola, presidente de la misma. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", responde este último.El juez, del mismo modo, pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Un encuentro del que se tiene constancia porque un director envió un mensaje a Koldo García, entonces mano derecha del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Comunicación que este último reenvía a su jefe, quien también habría almorzado con el expresidente del Gobierno –según las evidencias extraídas de la agenda de García–, extremos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de confirmar a través de las agendas de Zapatero.