Más de $7 billones quedarían en riesgo si el Congreso no aprueba esta ley antes del 20 de junio . Imagen de Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay.Colombia podría quedar sin herramientas legales para sancionar parte de las infracciones aduaneras y decomisar mercancías ilegales si el Congreso no aprueba antes del 20 de junio el nuevo régimen sancionatorio aduanero. Según gremios del sector, el escenario pondría en riesgo más de $7 billones asociados a procesos administrativos y judiciales actualmente en curso. Le puede interesar: La salida tributaria que tendría Falcao para renovar con Millonarios: residencia fiscal no sería un impedimentoLa alerta fue elevada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), junto con Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT, organizaciones que solicitaron a las presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes priorizar el trámite del Proyecto de Ley 312 de 2025 Senado, acumulado con el 331 de 2025, que busca establecer el nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera. La preocupación no es menor. Según los gremios, si la iniciativa no completa su trámite legislativo y no recibe sanción presidencial antes de la fecha límite establecida por la Corte Constitucional, miles de procesos relacionados con fiscalización aduanera, sanciones y decomisos podrían perder sustento jurídico. La presión sobre el Congreso surge después de que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-072 de 2025, determinara que Colombia debe contar con un nuevo régimen sancionatorio aduanero expedido mediante ley y sancionado por el presidente de la República a más tardar el 20 de junio de 2026. Aunque el proyecto ya superó una etapa clave, el tiempo es cada vez más reducido. El pasado 19 de mayo las Comisiones Segundas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron la iniciativa en primer debate por unanimidad. Sin embargo, aún debe surtir los debates en las plenarias de ambas corporaciones, una eventual conciliación de textos y la sanción presidencial. “Estamos ante una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no acelera este trámite, las consecuencias jurídicas y fiscales para el país serían muy graves”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex. Por esa razón, los gremios solicitaron que la iniciativa sea incluida de manera prioritaria en la agenda legislativa de las próximas semanas para garantizar que complete su trámite dentro de los tiempos exigidos por la Corte. Los $7 billones que podrían quedar en el aire por cuenta del CongresoEl principal riesgo está asociado a los procesos que actualmente dependen del marco sancionatorio aduanero. De acuerdo con cifras citadas por los gremios y contenidas en la exposición de motivos del proyecto, la ausencia de un nuevo régimen obligaría a aplicar el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 29 de la Constitución, generando el archivo de miles de actuaciones administrativas y judiciales. También puede leer: Nuevo fallo pone freno a las multas desproporcionadas por no declarar este impuestoDe acuerdo con Analdex, quedarían comprometidos: 8.250 procesos de investigación de fiscalización aduanera por aproximadamente $3,25 billones, 148 procesos que actualmente se encuentran en discusión administrativa por cerca de $1,07 billones y 2.453 procesos judiciales aduaneros cuya cuantía asciende a $2,74 billones. En conjunto, estas actuaciones representan alrededor de $7,07 billones que podrían perder respaldo jurídico si el país llega al vencimiento del plazo sin una nueva legislación vigente. La situación también afectaría la capacidad operativa de las autoridades para adelantar aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones relacionadas con infracciones aduaneras. Más allá de las cifras asociadas a procesos administrativos y judiciales, los gremios consideran que el mayor riesgo estaría en el debilitamiento de las herramientas de control frente al contrabando. Según datos expuestos por las organizaciones empresariales, el comercio ilegal de mercancías mueve alrededor de US$8.225 millones al año en Colombia, equivalentes a cerca de $31 billones o el 1,6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Las estimaciones también indican que el impacto fiscal asociado a este fenómeno ronda los $10,4 billones anuales por concepto de IVA externo y aranceles que dejan de recaudarse. “El país no puede entrar en un vacío sancionatorio mientras el contrabando mueve cerca de $31 billones al año en Colombia”, agregó Díaz Molina. Para el sector privado, la ausencia de herramientas sancionatorias no solo afectaría el recaudo tributario, sino que también podría debilitar los mecanismos de control sobre el ingreso ilegal de mercancías al territorio nacional. Los gremios advirtieron que las implicaciones de un vacío normativo no se limitarían a las operaciones aduaneras. Según explicaron, el contrabando suele estar relacionado con otras actividades ilícitas como el lavado de activos y puede generar afectaciones sobre el empleo formal, la seguridad sanitaria, la protección ambiental y los controles asociados al ingreso de armas o precursores químicos. Lea también: La nueva exigencia del Ministerio de Trabajo a las empresas sobre casos de acoso Desde esta perspectiva, la discusión no involucra únicamente a importadores, exportadores o operadores logísticos, sino que tiene efectos sobre la seguridad económica y fiscal del país. Por ello, las organizaciones insistieron en que la aprobación de la iniciativa debe entenderse como una necesidad institucional más que como una solicitud sectorial.