Hace unos años era impensable plantearse la cuestión de trabajar hasta los 73 años, pero un informe elaborado por expertos en demografía y economía plantea retrasar la edad legal de jubilación hasta esa cifra como respuesta al progresivo envejecimiento de la población y al descenso continuado de la natalidad en España.El análisis sostiene que el modelo actual fue diseñado para una realidad demográfica muy distinta a la actual. Con una esperanza de vida cercana a los 84 años y una población cada vez más envejecida, los autores consideran que el sistema de reparto afronta una presión creciente para mantener su sostenibilidad financiera durante las próximas décadas.Un sistema cada vez más tensionado por la demografíaActualmente, la edad ordinaria de jubilación se sitúa entre los 65 años y los 66 años y 10 meses, dependiendo de los años cotizados. Sin embargo, el estudio plantea elevar progresivamente ese umbral hasta los 73 años para compensar el desequilibrio existente entre el número de cotizantes y el de pensionistas, una brecha que continúa ampliándose año tras año.Los expertos advierten, no obstante, de que esta medida por sí sola no resolvería el problema estructural. Según sus cálculos, incluso retrasando la jubilación, las cuentas de la Seguridad Social volverían a registrar dificultades en un plazo relativamente corto si no se produce una recuperación significativa de la base demográfica y del número de trabajadores activos.El documento subraya además que factores como la baja natalidad, el aumento de la longevidad, el escaso ahorro privado y el déficit estructural de la Seguridad Social configuran un escenario especialmente complejo. En este sentido, el responsable de Estudios y Análisis Social de CEU Cefas, Alejandro Macarrón, considera que el problema de las pensiones "no es ideológico, sino aritmético", al tiempo que señala que "las medidas parciales solo compran tiempo si no se afronta el fondo demográfico del problema".Más ahorro, reformas y apoyo a las familiasEl informe también pone el centro de atención en la evolución de salarios y pensiones durante los últimos años. Según sus datos, las prestaciones han experimentado un crecimiento muy superior al registrado por los sueldos, mientras España mantiene una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, reduciendo la diferencia entre el último salario y la primera pensión percibida tras la jubilación.Otro de los aspectos analizados es el papel de la inmigración. Los autores sostienen que esta herramienta "tampoco garantiza la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo" debido a diversos factores relacionados con el mercado laboral y las cotizaciones. Asimismo, defienden que el ahorro privado es "muy necesario y beneficioso aumentar su peso" dentro del sistema de previsión para la vejez, aunque advierten de que no puede sustituir completamente la existencia de una masa suficiente de trabajadores.Entre las propuestas incluidas figuran la creación de un sistema mixto en el que la pensión pública garantice unos mínimos, el impulso de los planes de empleo, una mayor flexibilidad para compatibilizar trabajo y jubilación y una revisión de determinadas prestaciones. También se plantea reforzar las políticas de apoyo a la natalidad e incluso introducir incentivos vinculados al número de hijos como forma de reconocer la contribución de las familias al sostenimiento futuro del sistema.El informe concluye que el debate sobre las pensiones trasciende las reformas puntuales y exige abordar cuestiones de fondo relacionadas con la evolución demográfica del país. Para sus autores, el futuro del sistema dependerá no solo de la edad de jubilación o de los recursos financieros disponibles, sino también de la capacidad de España para garantizar una población activa suficiente que sostenga el modelo en las próximas generaciones.