El servicio de ayuda a domicilio ha protagonizado este jueves uno de los momentos más tensos y del pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz. Las trabajadoras y representantes sindicales del sector han denunciado los "reiterados incumplimientos" de la empresa concesionaria, Óbolo, y han reclamado la municipalización del servicio entre protestas y gritos dirigidos al equipo de Gobierno.El portavoz del comité de empresa, Óscar Miraut, ha cargado duramente contra la gestión de la concesionaria durante su intervención ante la corporación municipal. "No cobramos bien. Queremos la municipalización y no queremos empresas piratas", ha afirmado, antes de cuestionar el modelo de gestión privada del servicio y denunciar que parte de los fondos públicos "acaban convertidos en beneficios privados" en lugar de destinarse a "mejorar la atención, reforzar plantillas o garantizar salarios dignos".Miraut ha sostenido que el servicio "es perfectamente autosuficiente" y ha criticado que la empresa gestione la ayuda a domicilio desde Huelva. También ha vinculado los problemas denunciados por las trabajadoras a "peores condiciones laborales, plantillas insuficientes, menor calidad asistencial y una atención más precaria". "La ayuda a domicilio no es un negocio, es un derecho y los derechos no se privatizan, se garantizan", ha concluido entre aplausos de parte del público presente.La plantilla de ayuda a domicilio, protestando en el pleno.-REYNADesde Adelante Izquierda Gaditana, el concejal Carlos Paradas ha acusado al Ayuntamiento de ser "el único de la Bahía donde no hay voluntad política para municipalizar" el servicio. El edil ha reprochado además al Gobierno local falta de transparencia sobre la gestión del contrato y ha pedido reuniones con las trabajadoras para abordar el conflicto. "Espero que tengan la decencia de no cuestionar sus palabras", ha señalado durante el debate.La respuesta del equipo de Gobierno ha llegado de la mano de Pablo Otero, coordinador del Área de Desarrollo Social, quien ha defendido que el Ayuntamiento "cumplió" y que la empresa concesionaria "aunque al principio no lo hizo, ya sí lo hace". Otero ha reconocido que Óbolo ha cometido errores, pero ha asegurado que el Consistorio está "extremando el control y la vigilancia" sobre la ejecución del contrato y exigiendo la corrección inmediata de retrasos o incidencias en las nóminas.Algunas trabajadoras, al abandonar el pleno.REYNAEl responsable municipal ha detallado que desde el inicio del servicio, el pasado 1 de agosto, se han producido 456 nuevas altas de usuarios, con una media de 76 altas mensuales, y que se han contratado 52 auxiliares, lo que supone un incremento del 12% en la plantilla. Según ha explicado, el Ayuntamiento y la empresa han impulsado cursos de formación para personas desempleadas con el objetivo de aumentar la contratación de profesionales del sector y facilitar la obtención de certificados de profesionalidad.Durante su intervención, Otero también ha defendido la ampliación de jornada de las auxiliares ya contratadas y ha insistido en que existe una "necesidad imperiosa" de profesionales de ayuda a domicilio tanto en Cádiz como en otros municipios. Sus palabras, sin embargo, se han visto interrumpidas en varias ocasiones por las protestas del público y por las llamadas al orden del alcalde para intentar mantener el turno de palabra en el salón de plenos.Sin detalles sobre el contratoPor su parte, la coordinadora del Área de Gestión Económica y Administrativa, Maite González, ha explicado que los servicios jurídicos municipales consideran que actualmente no existen condiciones legales para resolver el contrato con la empresa concesionaria. La responsable municipal ha asegurado que el Ayuntamiento continúa realizando requerimientos para exigir el cumplimiento del contrato y ha señalado que el Gobierno local también está observando "las luces y las sombras" de los procesos de municipalización desarrollados en otros municipios.La reacción de los trabajadores de ayuda a domicilio.REYNALas explicaciones del equipo de Gobierno no han convencido a la oposición. El concejal de Adelante Izquierda Gaditana David de la Cruz ha denunciado que el Ayuntamiento no facilita acceso a los informes sobre penalizaciones y sanciones a la empresa y ha acusado al Ejecutivo local de "tapar" a la concesionaria. "Han manoseado los asuntos sociales y la ayuda a domicilio por dos titulares", ha afirmado antes de denunciar un "desmantelamiento absoluto" de los servicios sociales municipales. El pleno ha terminado entre gritos de las trabajadoras, que han coreado consignas como "¿dónde está el alcalde más social?" y "la empresa nos roba y el alcalde lo permite".