Gobierno Petro anuncia medidas urgentes para evitar que empresas incumplidas sigan ganando contratos públicos. FOTO. Collage Valora Analitik con imagen de Presidencia Cada año, el Estado colombiano adjudica billonarios contratos para construir carreteras, hospitales, colegios, sistemas de transporte y ejecutar miles de proyectos públicos en todo el país. Sin embargo, se ha hecho comun escuchar noticias de grandes proyectos atrasados por cuenta de incumplimientos de los contratistas. Lea también: Estudio advierte que gobierno Petro sigue lejos de cumplir varias de sus principales promesas Para evitar que esos recursos terminen en manos de empresas o personas con antecedentes de incumplimiento, la ley contempla sanciones e inhabilidades que les impiden volver a contratar con entidades oficiales durante determinados periodos. Sin embargo, una revisión adelantada por Colombia Compra Eficiente encontró una situación que encendió las alarmas del Gobierno Petro: en numerosos casos, las sanciones, multas, declaratorias de incumplimiento e inhabilidades impuestas a contratistas no estaban siendo reportadas adecuadamente en los sistemas oficiales donde deben quedar registradas. Como consecuencia, entidades públicas podrían terminar contratando nuevamente proveedores con antecedentes negativos simplemente porque la información no aparece disponible al momento de verificar sus antecedentes. Ante este panorama, el Gobierno Petro anunció medidas de obligatorio cumplimiento para cerrar ese vacío y evitar que contratistas incumplidos continúen participando en procesos de contratación estatal sin que las entidades conozcan su historial. La nueva orden del Gobierno Petro que deberán cumplir todas las entidades públicas A través de la Circular 002 del 5 de mayo de 2026, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ordenó a todas las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación, reportar obligatoriamente las declaratorias de caducidad, multas, sanciones, incumplimientos, inhabilidades y sentencias condenatorias impuestas a contratistas del Estado. La obligación aplica para el reporte ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), que constituyen las principales bases de información utilizadas para verificar antecedentes dentro de los procesos de contratación pública. Según explicó Colombia Compra Eficiente, la medida busca fortalecer los mecanismos de control sobre la ejecución contractual y reducir los riesgos de corrupción asociados a proveedores con antecedentes negativos. La decisión surge después de un estudio desarrollado entre Colombia Compra Eficiente y el Banco Mundial, el cual identificó un preocupante subregistro de sanciones e incumplimientos en los sistemas oficiales de información. La investigación reveló que numerosas entidades estatales no estaban reportando oportunamente las multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento e inhabilidades que imponían a contratistas durante la ejecución de contratos públicos. El hallazgo tiene implicaciones importantes para la transparencia del sistema de compras públicas. “Las entidades pueden seleccionar y contratar a proveedores que ya cuentan con reportes negativos e incluso con inhabilidades vigentes, sin saberlo”, advirtió Colombia Compra Eficiente al explicar los resultados encontrados durante el análisis. En otras palabras, la ausencia de información actualizada podría estar debilitando uno de los principales filtros diseñados para impedir que empresas o contratistas sancionados continúen accediendo a recursos públicos. Puede interesarle leer: Las fotomultas aún se deben pagar: autoridades de tránsito refutan decisión del Gobierno Petro Imaginemos una empresa constructora que ejecuta un contrato para una alcaldía y termina siendo sancionada por incumplimientos graves en la obra. La ley puede establecer una inhabilidad para contratar con el Estado durante varios años. Sin embargo, si la entidad que impuso la sanción no registra oportunamente esa decisión en las plataformas oficiales, otra gobernación, alcaldía o entidad nacional podría revisar los antecedentes del contratista sin encontrar ninguna alerta visible. Como resultado, la empresa podría volver a participar e incluso ganar nuevos contratos públicos pese a tener sanciones vigentes. Precisamente ese es el escenario que el Gobierno busca evitar mediante la nueva obligación de reporte. La importancia del registro oportuno radica en que las sanciones producen efectos jurídicos concretos. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, los contratistas que resulten inhabilitados por determinadas conductas o por declaratorias de caducidad no pueden seguir contratando con el Estado durante periodos que pueden extenderse entre tres y cinco años, dependiendo de cada caso. Para garantizar el cumplimiento de esa restricción, la información debe quedar registrada en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), administrado por las Cámaras de Comercio a través de Confecámaras, además de incorporarse al SECOP y ser puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Según Colombia Compra Eficiente, el subregistro detectado compromete la efectividad de ese mecanismo y expone a las entidades estatales al riesgo de contratar proveedores que no cumplen los requisitos de idoneidad exigidos por la ley. La circular no solo está dirigida a los contratistas. La Agencia Nacional de Contratación Pública recordó que los servidores públicos tienen la obligación legal de reportar este tipo de decisiones y que el incumplimiento de ese deber puede generar responsabilidades disciplinarias. También puede leer: El problema que podría dejar sin pensión a millones de colombianos aunque trabajen durante décadas“La omisión por parte de los servidores públicos de reportar ante la Procuraduría General de la Nación, ante el SECOP y las Cámaras de Comercio genera causal de mala conducta y responsabilidad de tipo disciplinario”, señaló la entidad.