La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado mes de octubre en un caso vinculado presuntamente a la violencia escolar. La decisión llega después de que la administración educativa detectara que el centro no activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones, una circunstancia que ha situado la actuación del colegio en el centro del debate público y judicial.La consejera de Desarrollo Educativo en funciones, María del Carmen Castillo, confirmó que la administración autonómica iniciará el procedimiento sancionador tras concluir la denominada comisión de conciliación, prevista en la normativa educativa andaluza. Según explicó, el proceso terminó “sin acuerdo”, lo que abre ahora la vía administrativa contra el centro educativo por un presunto “incumplimiento de las normas”.La Junta apunta al incumplimiento del protocoloLa responsable educativa señaló que desde el primer momento la Consejería detectó que “no se habían iniciado los protocolos”, motivo por el que se activó la comisión correspondiente mientras avanzaban las actuaciones judiciales relacionadas con el caso. “Estábamos pendientes también de cómo iba actuando la autoridad judicial. Esa comisión de conciliación ha terminado sin acuerdo y lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso por no abrir los protocolos”, detalló.sevillaLos padres de Sandra Peña: "Los dos protocolos de acoso le habrían salvado la vida" Rubén GuerreroLa Junta ha precisado, no obstante, que esperará a la conclusión de los procedimientos judiciales abiertos antes de concretar el alcance definitivo de las posibles sanciones. El expediente podría derivar en distintas consecuencias dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados, desde un apercibimiento o sanción económica hasta, en el escenario más grave, la retirada del concierto educativo del centro.Castillo reconoció además la complejidad social y emocional del caso y admitió que “muchas veces no entendemos las decisiones judiciales. Creo que la familia de Sandra Peña esperaba una respuesta diferente de la autoridad judicial”. En esa misma línea, insistió en que, desde el punto de vista administrativo, “sabemos que no se abrieron los protocolos y, por lo tanto, hay una responsabilidad”.El caso sigue abierto en los juzgadosLa posible retirada del concierto educativo dependerá de la calificación final del expediente y de las conclusiones que se deriven tanto de la investigación administrativa como de las actuaciones judiciales todavía en marcha. “Eso va a depender de la instrucción, de la propuesta que haga el instructor y del alcance de la responsabilidad, muy vinculada a las conclusiones a las que llegue la propia Fiscalía de Menores, el Juzgado de Menores y cómo quede al final la resolución judicial”, explicó la consejera.sevillaUn informe de la inspección señala que el instituto de Sandra Peña no tomó ninguna medida: la Justicia ha archivado la denuncia contra el centro Emilio CabreraMientras tanto, continúa abierta la investigación en el ámbito judicial. Un juzgado de menores mantiene diligencias sobre tres alumnas señaladas como presuntas acosadoras, mientras los padres de Sandra Peña han recurrido el archivo provisional de la querella presentada contra los responsables del colegio. La familia considera que la investigación no fue completada antes de acordarse el archivo.El juez instructor argumentó en su resolución que el colegio sí adoptó algunas medidas de protección después de reunirse con la familia en septiembre de 2025, entre ellas la separación de las alumnas investigadas y un seguimiento psicopedagógico de la menor. Además, el magistrado apuntó a la “falta de relación de causalidad” entre la actuación del centro educativo y el suicidio de Sandra Peña, aunque esa interpretación ha sido cuestionada por los padres.Entre los elementos que la familia solicita incorporar a la investigación figura la autopsia practicada a la menor. El informe reflejaba la presencia de cortes en el cuerpo y que Sandra había ingerido alcohol, con una tasa de 0,59 miligramos, pocas horas antes de su muerte.