La investigación judicial que investiga la gestión de la dana, en el juzgado de Catarroja, intenta desmadejar si las consecuencias lesivas y mortales de la catástrofe fueron imprevisibles o inevitables. La instructora Nuria Ruiz Tobarra considera que no, que había avisos de Aemet que sirvieron para que algunas instituciones tomaran medidas aquella mañana. La tesis del Consell y de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su 'número dos' Emilio Argüeso, es que nadie previó la envergadura del episodio. Por eso no puede sorprender que la Generalitat Valenciana empleara ese mismo argumento para anular varias sanciones a empresas que, según la Inspección de Trabajo, habían puesto en peligro a sus trabajadores.Seguir leyendo....