La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar este martes, 26 de mayo, a una enfermera acusada de acceder en repetidas ocasiones al historial clínico de la expareja de su marido para facilitarle información sanitaria privada. La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de funcionario público y solicita para la acusada una pena de cinco años de prisión.Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la procesada trabaja como enfermera fija en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En concreto, desempeña sus funciones en el centro de salud Don Paulino, ubicado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Su puesto le permitía acceder al sistema de historiales médicos del servicio sanitario andaluz.La acusación sostiene que la mujer utilizó esa autorización profesional para consultar datos sanitarios correspondientes a la exmujer de su marido sin justificación asistencial. El Ministerio Público considera que la finalidad de esos accesos era vulnerar la intimidad de la afectada y obtener información privada relacionada con su estado de salud.La investigación recoge que la enfermera habría trasladado posteriormente esos datos a su marido. La Fiscalía entiende que la acusada actuó de manera consciente y aprovechándose de las funciones derivadas de su cargo dentro del sistema sanitario público para acceder a información especialmente protegida por la legislación sobre privacidad y protección de datos.Más de dos años de consultasDe acuerdo con el relato de hechos incluido en el escrito fiscal, los accesos al historial clínico se produjeron en un total de 80 ocasiones. Estas consultas se habrían realizado entre el 28 de agosto de 2019 y el 18 de marzo de 2022, un periodo de más de dos años y medio durante el cual, según la acusación, se mantuvo la conducta investigada.Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita para la acusada una inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante diez años. El juicio está previsto en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se analizarán las circunstancias de los accesos realizados y la posible utilización indebida de datos médicos confidenciales obtenidos a través del sistema sanitario público.