Gastos de autopista, gasolina, pienso para perros, gastos del 'restaurante de clausura' de Arriondas, 'bizums', transferencias a los hermanos de la exabadesa –entre ellos el que ejerce como abogado de las cismáticas– e incluso embargos personales. Desde que comenzó el cisma, las pensiones de cuatro de las cinco hermanas mayores, a las que decían «amar más que a su vida», han sido utilizadas por las cismáticas «en su propio beneficio y para la gestión de sus negocios con abuso en la administración de los mismos» y sin que conste que las cuentas en las que las recibían «hayan sido utilizadas para el sustento de la comunidad». Una afirmación que no proviene del comisario pontificio, el arzobispo de Burgos Mario Iceta, a quien las excomulgadas han presentado como su archienemigo. Ni tampoco de la Federación de Clarisas, a la que también han vilipendiado, pese a que en este tiempo ha asumido deudas y gastos de las cismáticas por encima del cuarto de millón de euros. En realidad, se trata de la conclusión del auto con el que la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 5 de Bilbao, tras la investigación del caso, insta al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras a solicitar la apertura de juicio oral a siete de las monjas de Belorado. De esta forma, el incierto destino de las pensiones y ayudas que recibían las cinco religiosas, que tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil del monasterio de Orduña el pasado 19 de diciembre dadas las pésimas condiciones en las que se encontraban, se ha convertido en una de las claves que puede derivar en una imputación de las siete excomulgadas por unos presuntos delitos de «abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante o contra la integridad y delito contra el patrimonio (administración desleal y apropiación indebida)», según recoge el escrito. De hecho, la juez trata de explicar que la oposición de las siete exclarisas, «siempre dirigidas por Laura García de Viedma Serrano [la exabadesa], para que salieran del monasterio las mayores», puede responder a dos razones. La primera, usarlas como escudo para evitar un posible desahucio «ante la presencia de personas vulnerables»; y la segunda, las «razones crematísticas» ante las «necesidades económicas derivadas del bajo rendimiento económico en los negocios que regentaban», como el criadero de perros, el restaurante de Arriondas o la hospedería. Sobre esta última cuestión, el auto de la juez revela que en noviembre de 2024, después de que el comisario pontificio interviniera las cuentas de los monasterios, en las que hasta ese momento las mayores recibían sus pensiones, la antigua abadesa, «asistida por las investigadas que formaban parte del discretorio o consejo que asesora a la superiora [las conocidas como sor Sión, sor Paloma y sor Myryam, en este caso], planearon la apertura de cuentas compartidas con las monjas mayores con la finalidad de recuperar las pensiones». Un extremo que, según señala la juez, fue admitido por las exreligiosas en el interrogatorio. «De esta forma podían hacer frente a los gastos de sus negocios y actividades lucrativas, gestionando, administrando y disponiendo de los ingresos periódicos que las hermanas mayores recibían en concepto de pensiones y ayudas», explica la juez. «En ejecución del plan», continúa el auto, abrieron cuentas en entidades online a alguna de ellas. En uno de los casos, y de acuerdo con el material aportado en la investigación por la Guardia Civil, «se observa en la grabación tomada en el momento de la apertura» que la religiosa que abría la cuenta «no podía prestar consentimiento válido, así como tampoco tener conocimiento del destino de sus ingresos y cómo eran gestionados» por la exreligiosa que aparece como cotitular, en ese caso sor Berit, de lo que se infiere que tanto ella como la exabadesa, que estaba autorizada en la cuenta, «abusan de la administración de la misma». De ahí, además de transferencias a cuentas personales de otras exreligiosas, «constan elevado número de recargos de la tarjeta, compras de combustible, pienso, transferencias al negocio de Pardes de la Bretonera (animales), autopistas, gastos de hostelería de Obra el Labora [la empresa que crearon también en esos momentos para dar cobertura legal al restaurante que abrieron en Arriondas]». Además, aparecen otras compras en diversos establecimientos, teléfonos y servicios online, además de «disposiciones de metálico para uso particular de las investigadas». Desde esa cuenta, y de otra abierta a otra de las mayores, el auto recoge «cuatro transferencias por importes de 1.500, 1.000 y dos de 2.000 euros» a la cuenta personal de la exabadesa, entre el 18 de junio y el 27 de julio de 2025. Además, de esa misma cuenta de la anciana, la antigua superiora también transfiere a la suya «un total de 3.880 euros del 14 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2025». Unos ingresos que, ya desde su cuenta personal, la García de Viedma utiliza para transferir al criadero de perros, «compras online, cargos para servicios digitales, elevado número de Bizums, pago de nóminas a personal ajeno al monasterio y transferencias a dos de sus hermanos». Se da la circunstancia de que uno de ellos, Enrique, ejerce como abogado de las exclarisas y el otro es veterinario, por lo que, aunque el auto no lo especifica, se podría presumir que se trata de pagos de servicios profesionales. Para controlar las pensiones de las otras dos monjas mayores, tres de las cismáticas les abren una cuenta «mediante utilización de poderes», en las que aparecen como titulares y la exabadesa como autorizada. Sin embargo, es esta última la que más uso hace de los fondos de la cuenta, provenientes de las pensiones de las dos monjas mayores, y «efectúa transferencias» en favor de sor Sión, del criadero de perros, e incluso asume dos embargos a exreligiosas. La juez subraya además un detalle llamativo: muchas de las transferencias y movimientos de dinero se realizaban «de madrugada», un patrón que se repite en muchos desde los movimientos de la exabadesa desde que el inicio del cisma. Sobre esta cuestión, el auto concluye que los movimientos bancarios «se han llevado a cabo bajo el control y dirección de Laura García de Viedma Serrano, estando el resto de las investigadas informadas de la gestión, compartiendo las decisiones así como los rendimientos que se obtenían, teniendo éstas una función principal Susana Mateo Cruz (sor Sión) como ecónoma». Una gestión y administración de las cuentas que «no era conocida ni podía ser consentida por las monjas mayores», dada «la merma de sus facultades y dificultad de comprensión de las cuestiones económicas, tal como se hace constar en informes forenses». En el fondo del auto llama la atención el contraste de las condiciones en que la Guardia Civil encontró a las cinco monjas mayores, de entre 87 y 101 años, cuando las rescató, con «falta de higiene generalizada», ausencia de atención médico y control psicológico, con el exhaustivo control de sus cuentas bancarias y pensiones para sostener los negocios impulsados por las exclarisas. Ahora con esta resolución, la investigación entra ya en su fase decisiva y deja a las siete exreligiosas más cerca del banquillo. El procedimiento, además, desmonta uno de los principales argumentos sostenidos públicamente por las cismáticas desde el inicio del conflicto: que las ancianas permanecían en el monasterio por voluntad propia y bajo cuidados adecuados.