Un preso de Puerto III intentó, este viernes, atacar con un tenedor a dos funcionarios del centro penitenciaria. Fue necesaria la intervención de varios trabajadores para reducir al recluso y evitar consecuencias de mayor gravedad, en un contexto descrito como de "extrema tensión y riesgo" tanto para el personal como para el resto de la población reclusa.El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado esta nueva agresión a trabajadores penitenciarios en el centro penitenciario Puerto III, en El Puerto, ocurrida este viernes y que se ha saldado con cuatro funcionarios heridos, uno de ellos con lesiones de especial consideración.Según el comunicado del sindicato, los hechos tuvieron lugar cuando un interno de origen magrebí intentóACAIP-UGT ha destacado la "rápida intervención, profesionalidad y coordinación" de los empleados de servicio, que permitieron controlar la situación. Sin embargo, el incidente dejó cuatro funcionarios heridos durante la intervención."Plantillas diseñadas hace décadas para una realidad que ya no existe"A raíz del incidente, el sindicato ha vuelto a alertar sobre lo que considera un "deterioro progresivo de la seguridad en los centros penitenciarios españoles" y ha reclamado una mayor dotación de recursos para afrontar el incremento de la conflictividad en las cárceles. ACAIP-UGT sostiene que las prisiones albergan actualmente una población reclusa "cada vez más numerosa y compleja", con perfiles que presentan mayores niveles de violencia y una creciente vinculación con el crimen organizado, mientras que las plantillas y las relaciones de puestos de trabajo continúan respondiendo a criterios diseñados hace décadas.El sindicato denuncia además la falta de medios humanos, materiales y formativos suficientes para que los funcionarios puedan desempeñar su labor en condiciones adecuadas de seguridad, especialmente ante internos considerados peligrosos o con antecedentes por delitos graves.Reconocimiento como agentes de la autoridad, la principal reivindicaciónEntre sus exigencias, Acaip-UGT insiste en que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, una medida que, según argumenta, reforzaría su protección jurídica y endurecería las consecuencias penales de las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones.El sindicato también reclama una reestructuración de las plantillas, la actualización de las relaciones de puestos de trabajo y una revisión profunda del modelo penitenciario actual, al considerar que la realidad de las cárceles ha evolucionado significativamente en las últimas décadas sin que la organización de los centros se haya adaptado a esos cambios.