El octavo aniversario de Pedro Sánchez al frente del Gobierno permite observar con suficiente perspectiva la evolución de un país que en demasiados ámbitos ha ido claramente a peor. La degradación institucional, económica, social y democrática no solo invita a hablar de una década perdida, sino del preocupante deterioro de un Estado en retroceso. Prácticamente todas las instituciones atraviesan una situación de desgaste, sometidas a la presión creciente que ejercer el poder ejecutivo. La narrativa del supuesto 'golpe de Estado', insinuada esta misma semana desde ámbitos ministeriales, constituye el último escalón de un proceso que viene de lejos. Para mantenerse en el poder gracias a sus socios separatistas y a los herederos políticos del terrorismo etarra, la Moncloa ha ido primero tolerando y después asumiendo tesis corrosivas que erosionan los contrapesos democráticos. No se trata ya solo de que Pedro Sánchez haya pactado con quienes cuestionaban a jueces, Fuerzas de Seguridad o medios independientes: el propio Gobierno ha incorporado esa lógica de confrontación. Organismos públicos que deberían preservar su neutralidad aparecen cada vez más subordinados a intereses partidistas. Ahí están los casos de RTVE o del CIS. El Tribunal Constitucional ha pasado a ser una instancia revisora del Supremo mientras se normaliza que el Ejecutivo gobierne sin presupuestos y administre los recursos públicos sin el principal instrumento de control parlamentario. A ello se suma una política migratoria concebida más como herramienta política que como respuesta ordenada a un desafío estructural, con regularizaciones masivas y procesos de nacionalización planteados sin el imprescindible consenso social, con vistas a conseguir un censo electoralmente favorable. España es hoy un país peor que el que encontró Pedro Sánchez. Deja tras de sí un entorno político cercado por investigaciones y escándalos que dañan el prestigio del PSOE, del Gobierno y del propio sistema democrático, amenazado por la pulsiones populistas. La colonización partidista de empresas y organismos públicos, el uso propagandístico de medios sostenidos por todos y la hostilidad hacia la prensa crítica han deteriorado la confianza ciudadana. Los datos son elocuentes. Según la encuesta de GAD3 para ABC , la corrupción aparece como el primer problema para el 28 por ciento de los ciudadanos, y el 83 por ciento se declara preocupado por la situación política. Tampoco la economía de la que presume Sánchez ofrece un balance alentador. El progresivo estrechamiento entre salario medio y salario mínimo, la precariedad y el paro juvenil, la crisis del alquiler, el deterioro de los servicios públicos y un modelo energético condicionado por el dogmatismo ideológico dibujan un país donde el crecimiento del PIB que sostiene la inmigración masiva convive con el estancamiento de la riqueza familiar y el debilitamiento de la clase media. En política exterior, España se ha alejado de aliados tradicionales y ha buscado complicidades en entornos autocráticos. Incluso de puertas afuera, posiciones que hace apenas ocho años habrían parecido improbables forman parte de una inquietante normalidad.