No parece razonable que cada vez que el presidente del Gobierno y el conjunto del sanchismo se enfrenten a una crisis de corrupción el Partido Popular se enrede con la cuestión de la moción de censura. Es evidente que una gran parte de los ciudadanos españoles no entiende cómo es posible que no existan mecanismos constitucionales para despachar a un Gobierno que ha devenido ilegítimo por su forma de degradar el ejercicio de su función. Tales mecanismos existen, como la moción de censura o la cuestión de confianza, pero exigen mayorías parlamentarias que ahora mismo no están a disposición de los populares. Además, ninguna de ellas tiene como efecto automático la convocatoria de elecciones, sino el cambio de presidente del Gobierno. La presión de Vox, por un lado, y el desdén de Junts y PNV, por otro, hacia la moción de censura deberían mover al PP a tener una estrategia y una táctica propias, no condicionadas externamente. Feijóo no tiene una mayoría para ser investido como presidente tras una moción de censura y Sánchez no se enfrentará a una moción de confianza, la cual, si prospera, no garantizaría el desalojo del PSOE del poder; solo la dimisión de Sánchez y la posterior ronda de consultas por el Rey para proponer a otro candidato, que pudiera ser socialista, con visos de ser investido por el Congreso de los Diputados. El debate sobre una moción de censura tiene varios efectos contraproducentes para el PP. Por un lado, desplaza y pone el foco de la atención pública, ahora centrado en Pedro Sánchez y el PSOE, sobre los populares, sometidos así al escrutinio ciudadano de ver si tiene o no fuerza parlamentaria para investir a Feijóo, aunque solo fuera para, a renglón seguido, convocar elecciones. Por otro lado, aumenta la ansiedad de la derecha con una expectativa de cambio que está sentenciada con el fracaso desde el principio, salvo que el PP se embarque en negociaciones con los partidos nacionalistas, lo que sería volver a escenarios políticos denostados por esa misma derecha. Si Junts y PNV apoyan sin más la moción de censura a Sánchez, sin condiciones, nada habría que objetar, pero ya no es tiempo de ingenuidades con las formaciones nacionalistas, que ya incumplieron sus pactos con el PP en la primera legislatura de Aznar. Y, por último, concedería dos bazas al PSOE: aliviar el agobio que les provoca el tsunami de corrupción desvelado en las últimas semanas por varios órganos judiciales y conceder a Sánchez una victoria parlamentaria, con su bancada en pie aplaudiendo con entusiasmo norcoreano, y varios días de titulares en prensa nacional e internacional jaleando su refuerzo político. Precisamente porque nadie está promoviendo métodos antidemocráticos, ilegítimos por naturaleza, el Gobierno sigue en la Moncloa. Las fantasías conspiranoicas de Óscar Puente y de otros panfletarios son simple palabrería. El PSOE no se enfrenta a una conspiración, sino al funcionamiento normal de la democracia y el Estado de derecho, con la peculiaridad de que no son los imputados los que cuestionan la independencia judicial y el trabajo policial, sino el mismo Gobierno de la nación, reconvertido en un virus del sistema institucional. En este escenario, el PP no debería de contribuir a que el PSOE deje de ser el protagonista único de este ciclo de corrupción crecida al calor del sanchismo.