Las oposiciones de bomberos en tres provincias andaluzas están en el aire. La federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha interpuesto recursos de reposición contra las bases de las convocatorias del Consorcio de la Provincia de Cádiz, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y el Consorcio del Poniente Almeriense, al considerar que vulneran de forma sistemática el derecho a la movilidad del personal funcionario. El sindicato no solo exige una corrección técnica urgente, sino también la suspensión o paralización parcial de los procesos selectivos mientras las bases no sean modificadas.El nudo del conflicto está en el artículo 25 del Decreto 36/2025, de 11 de febrero, la norma andaluza que nació precisamente para homogeneizar y modernizar los servicios de prevención y extinción de incendios en la comunidad. Apenas un año después de su entrada en vigor, la norma se topa con la resistencia de las administraciones locales y provinciales. El precepto en cuestión obliga a las entidades titulares de los servicios de emergencia a garantizar el derecho a la movilidad del personal funcionario de carrera de otras administraciones, habilitando para ello la reserva de hasta un 20% de las plazas vacantes ofertadas cada año para los llamados turnos de traslado.Un derecho, no una opción discrecionalDesde el sindicato subrayan que este artículo no deja margen de interpretación: la movilidad no es una facultad que los ayuntamientos o consorcios puedan conceder o denegar según su criterio, sino un derecho reconocido del personal funcionario. CCOO advierte de que, sin una reserva porcentual previa y claramente determinada en las bases, ese derecho queda vacío de contenido, reducido a una mera declaración sin efecto práctico.La organización sindical va más allá en su diagnóstico y califica la situación de "ofensa al derecho a la negociación colectiva", al tratarse de un derecho que fue expresamente promovido y negociado por los representantes del colectivo de bomberos y bomberas de Andalucía. Para CCOO, ignorarlo supone una transgresión flagrante no solo de la norma, sino del propio proceso democrático que la originó.El riesgo de un daño "irreversible"La urgencia de la petición de paralización se sustenta en un argumento de peso: si los procesos selectivos avanzan con las bases actuales, se cerraría de forma definitiva e irreparable la puerta a todos los funcionarios que pretendían ejercer su derecho al traslado este año. CCOO alerta de que continuar con los exámenes y plazos sin resolver la ausencia de plazas de movilidad "generaría perjuicios de imposible reparación".Frente a ello, el sindicato plantea una solución técnica concreta y sin pérdida de efectivos: que se modifiquen las bases para incluir el porcentaje correspondiente de hasta el 20% para movilidad interna. Y añade una salvaguarda: "En caso de que dichas plazas queden desiertas, la propia norma prevé que se acumulen de vuelta al turno libre, garantizando que no se pierda ni un solo efectivo".CCOO encuadra este conflicto en un contexto más amplio. El sindicato ha dejado claro que lo ocurrido en Cádiz, Sevilla y Almería "es la punta del iceberg de un proceso de transición autonómica y una lucha histórica del colectivo de bomberos y bomberas". No se trata, por tanto, de tres casos aislados, sino del síntoma de una resistencia más generalizada al nuevo marco normativo.La advertencia final del sindicato no deja lugar a dudas: CCOO mantendrá una vigilancia estricta en todas las administraciones locales de Andalucía y actuará, "por la vía administrativa o judicial", para forzar el cumplimiento real y efectivo del Decreto 36/2025. Las instituciones que ignoren la norma, avisan, tendrán que responder ante los tribunales.