Un tribunal federal de apelación ha decidido este lunes que el veto a la presencia de personas transgénero en el ejército de EE.UU. es ilegal, aunque esta prohibición se mantendrá en pie mientras el Gobierno de Donald Trump agota sus recursos. La decisión fue tomada por un panel del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia -en el que está la capital del país, Washington-, un nivel por debajo del Tribunal Supremo. Se trata de un revés para Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, que han sido muy combativos con las políticas de diversidad en el ejército de EE.UU. desde que el multimillonario neoyorquino regresó a la presidencia en enero del año pasado. Entre otras medidas, Hegseth ha sacado de la cúpula del ejército a altos mandos que consideraba que habían llegado a ese escalafón por ser mujeres o por pertenecer a minorías raciales. Ese mismo mes, Trump firmó una orden ejecutiva que veta la presencia de transgéneros en el Pentágono, una decisión muy criticada en su día por discriminatoria. Su texto defendía que la identidad sexual de las personas transgénero «está en conflicto con los compromisos de los soldados de mantener un estilo de vida honorable, verdadero y disciplinado, incluso en la vida personal» y que su presencia daña la capacidad de respuesta del ejército. El panel del tribunal de apelación ha criticado esta orden ejecutiva y mantiene que es una medida discriminatoria con intención política . La política del Pentágono, según el texto, «parece estar impulsada por el solo dese de dañar a un grupo políticamente impopular: el de las personas que se identifican como transgénero». Durante la campaña con la que reconquistó la Casa Blanca, Trump hizo de las personas transgénero una de las banderas de su programa, prometió liquidar sus derechos, y, nada más volver al poder, estableció que la política de EE.UU. establece que solo hay dos géneros, hombre y mujer. La decisión es una nueva derrota judicial para Trump y una victoria para los activistas transgénero, es solo parcial y, quizá, temporal. Por un lado, porque los jueces establecen que el Pentágono no puede expulsar a miembros en activo del ejército por ser transgénero, pero no que haya que admitir a nuevos miembros transgénero, como sí hacía la anterior decisión, tomada por una jueza federal en marzo del año pasado, que fue recurrida por la Administración Trump. Y puede que sea temporal porque, sin duda, el Gobierno de EE.UU. volverá a apelar. Esta vez será ante este tribunal de apelación, pero no un panel, sino de forma completa. Y todavía le quedará la vía de acudir al Supremo si vuelve a caer derrotado. El alto tribunal ya permitió la primavera pasada que el veto siguiera en pie mientras hubiera acceso a recurso, como sigue siendo el caso ahora mismo. La decisión del panel de apelaciones no fue unánime. De los tres jueces, dos estuvieron a favor y uno en contra. El encargado de redactar la decisión de la mayoría, Robert Wilkins, nombrado por Barack Obama, fue quien defendió esa eliminación parcial del veto. La juez Judith Rogers, nombrada por Bill Clinton y que le secundó en la mayoría, apostaba por acabar con el veto de forma completa. Y la voz contraria, la del juez Justin Walker, nombrado por Trump, mantuvo que los tribunales «no tienen ni el conocimiento ni la autoridad para decir si el ejército puede excluir a los demandantes de sus filas». «Solo el Ejecutivo y el Congreso son responsables de las decisiones militares generales sobre la composición de las fuerzas armadas», cerró en su argumento. «El Tribunal Supremo nunca ha asumido ese papel. Tampoco lo ha hecho este tribunal. Hasta hoy».