La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a un hombre de 64 años a seis años y medio de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual sobre un menor de 15 años con discapacidad intelectual. Las agresiones, que el propio acusado reconoció ante el tribunal, se prolongaron durante un año completo, hasta que la víctima cumplió los 16 años. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.El tribunal considera probado que desde el año 2024, con pleno conocimiento de la edad y la discapacidad intelectual de la víctima, el condenado "aprovechó tales circunstancias para ganarse su confianza ofreciéndole chucherías, alcohol, tabaco y pequeñas cantidades de dinero" con el fin de llevárselo a las afueras, donde "le obligaba a mantener relaciones sexuales". La estrategia inicial de captación derivó después en un patrón de control y violencia: el acusado "creaba un ambiente de hostigamiento mediante persecución por el pueblo y control de sus movimientos", con llamadas telefónicas reiteradas, golpes en varias ocasiones y la exhibición de una navaja con la que le amenazaba con cortarle un dedo.Estrés postraumático, pesadillas y secuelas físicas en la víctimaLas consecuencias para el menor han sido devastadoras. La sentencia recoge que la víctima ha sufrido estrés postraumático con intrusión de recuerdos, pesadillas y evitación de estímulos asociados al trauma, además de vergüenza, miedo, sentimiento de culpa, baja autoestima y quejas somáticas como dolor de barriga, náuseas y cansancio. El Ministerio Fiscal subrayó durante el juicio que la víctima era una persona especialmente vulnerable no solo por su minoría de edad, sino por padecer "una discapacidad intelectual apreciable a simple vista", circunstancia de la que el acusado se aprovechó deliberadamente.El condenado, bombero forestal jubilado, declaró únicamente para admitir los hechos, mostrar su arrepentimiento y pedir perdón al menor y su familia. Lleva en prisión provisional desde noviembre de 2024. La sentencia tiene en cuenta como atenuantes la reparación del daño —su familia logró reunir los 40.000 euros de indemnización para la víctima— y la drogadicción, ya que en el momento de los hechos sufría una recaída en su adicción a la cocaína que, según la defensa, le mermó el control de sus impulsos. El tribunal también hace constar que tenía "afectadas levemente sus facultades intelectivas y volitivas por el consumo de drogas tóxicas".Además de la pena de prisión, la sentencia impone 12 años de prohibición de comunicación y aproximación al menor, inhabilitación especial durante 12 años para cualquier profesión u oficio con menores, y seis años de libertad vigilada con obligación de participar en cursos de educación sexual. La Fiscalía había solicitado inicialmente 15 años de prisión, cifra que rebajó a 10 años y 45 días al reconocer los atenuantes. La acusación particular pidió seis años y nueve meses, y la defensa cuatro años y tres meses.