Tiendas Ara. Foto: Tiendas AraLa cadena Tiendas ARA, una de las empresas con mayor crecimiento en el comercio minorista colombiano durante los últimos años, enfrenta una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presuntas irregularidades relacionadas con cobros electrónicos, diferencias de precios, promociones, garantías y devolución de dinero a consumidores.Le puede interesar: Miles de trabajadores en Colombia tienen derecho a recibir prima en junio y no lo sabenEl caso cobra especial relevancia debido al tamaño que ha alcanzado la compañía en el mercado nacional. Actualmente, Tiendas ARA cuenta con más de 1.530 establecimientos en Colombia. La cadena de supermercados, propiedad del grupo portugués Jerónimo Martins, ha registrado una fuerte expansión en los últimos años, especialmente tras la adquisición de decenas de locales que anteriormente operaban bajo la marca Colsubsidio, consolidando su presencia en más de 28 departamentos del país.Precisamente por ese alcance nacional, cualquier eventual irregularidad podría tener impacto sobre miles de consumidores que realizan compras diariamente en sus establecimientos.La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC formuló pliego de cargos contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de Tiendas ARA, luego de analizar más de 2.000 quejas presentadas por usuarios en diferentes regiones del país.Según informó la entidad, las investigaciones buscan establecer si existieron vulneraciones a los derechos de los consumidores en distintos procesos asociados a la compra de productos y servicios dentro de los establecimientos de la cadena.Detalles de la investigación a Tiendas ARA Uno de los aspectos que más preocupa a la autoridad está relacionado con posibles fallas en los sistemas de pago electrónico.De acuerdo con la SIC, entre febrero y julio de 2024 se recibieron 825 quejas relacionadas con presuntos cobros dobles o repetidos al momento de realizar pagos mediante códigos QR y otros mecanismos electrónicos.Este tipo de situaciones suelen presentarse cuando una transacción aparentemente falla o queda pendiente, pero posteriormente termina siendo procesada más de una vez. Para el consumidor esto puede traducirse en descuentos duplicados de su cuenta bancaria, billetera digital o medio de pago utilizado.La autoridad busca determinar si los sistemas implementados por la compañía contaban con los controles suficientes para evitar este tipo de situaciones y si la atención brindada a los consumidores afectados fue adecuada.Otro de los puntos centrales de la actuación administrativa corresponde a las diferencias entre los precios anunciados en góndolas o estanterías y los valores finalmente cobrados al momento de pagar.Según las cifras divulgadas por la SIC, entre enero de 2024 y marzo de 2025 fueron recibidas 1.363 quejas asociadas a esta situación. Se trata del mayor número de reclamaciones dentro del expediente.También puede leer: ¿Se están gastando los hijos las herencias que reciben en Colombia?: Nuevo informe muestra datos reveladoresPara las autoridades de protección al consumidor, la información sobre precios debe ser clara, suficiente y verificable. Por ello, la investigación busca establecer si algunos consumidores pudieron haber sido inducidos a error al encontrar un valor diferente al anunciado inicialmente.En términos prácticos, el problema ocurre cuando un producto aparece marcado con un precio específico en la tienda, pero al pasar por la caja registra un valor superior, generando inconformidad entre los compradores.La SIC también puso bajo revisión la forma en que la empresa habría informado las condiciones asociadas a bonos de recompra entregados a clientes que solicitaron garantías sobre productos adquiridos.Según la entidad, algunas de las condiciones aplicables a esos bonos estarían disponibles únicamente en la página web de la compañía y no directamente en los establecimientos comerciales.La investigación busca determinar si los consumidores recibieron información suficiente y oportuna para comprender las condiciones de uso de dichos beneficios.Adicionalmente, la autoridad analiza posibles irregularidades relacionadas con la entrega de vueltas y con presuntos cobros por conceptos de donaciones o redondeos que, según algunas quejas, habrían sido efectuados sin autorización previa de los consumidores.El expediente también incluye la revisión de promociones, sorteos y campañas comerciales desarrolladas por la empresa para verificar si los requisitos de participación y los mecanismos de entrega de premios fueron informados de manera clara y transparente.La Superintendencia enfatizó que la formulación de cargos no significa que la empresa haya sido sancionada ni implica una declaración de responsabilidad.Lea también: Gobierno Petro les responde a los colombianos que se quejan por alzas del predialSe trata de una etapa preliminar dentro del procedimiento administrativo, en la cual Jerónimo Martins Colombia S.A.S. tendrá la oportunidad de presentar sus explicaciones, aportar pruebas y ejercer plenamente su derecho de defensa.Posteriormente, la autoridad evaluará toda la información recopilada para determinar si existieron o no incumplimientos al régimen de protección al consumidor.