Una mujer sin hogar que padecía un cáncer terminal falleció el pasado sábado en Cádiz sin haber podido acceder al recurso residencial que las administraciones competentes habían reconocido como necesario para su situación. La plaza fue aprobada con carácter urgente por la Junta de Andalucía hace meses, pero su incorporación efectiva nunca llegó a producirse.Así lo denuncia la asociación Personas Sin Hogar con Derechos (Pesho-De) en un comunicado firmado por su representante, Milagrosa Fernández Bey, que va más allá del caso concreto para señalar un problema estructural: el de un sistema que, "en demasiadas ocasiones, no es capaz de responder con la rapidez que exigen las situaciones de máxima vulnerabilidad".Durante los últimos siete meses de su vida, la mujer permaneció en un recurso municipal del Ayuntamiento de Cádiz que, aunque le proporcionó atención y acompañamiento, no era el recurso sociosanitario que requería su estado de salud. La necesidad de atención especializada estaba reconocida. Y la urgencia, aceptada."¿De qué sirve reconocer una necesidad urgente si la respuesta llega demasiado tarde?"La pregunta que plantea Pesho-De en su comunicado resume el núcleo de la denuncia: "¿De qué sirve reconocer una necesidad urgente si la respuesta llega demasiado tarde? ¿Qué sentido tiene aprobar una plaza cuando la persona beneficiaria fallece sin haber podido ocuparla?" Para la asociación, cuando una persona en situación de sinhogarismo con una enfermedad terminal y una plaza urgente aprobada muere antes de poder acceder al recurso que necesita, "el problema deja de ser administrativo para convertirse en una cuestión de responsabilidad pública".Pesho-De exige a la Junta de Andalucía, como administración responsable de estos recursos, que garantice que las personas en situaciones extremas reciban atención "en tiempos compatibles con su realidad", y denuncia que "la falta de plazas suficientes y los retrasos en la asignación efectiva tienen consecuencias muy reales sobre la vida de las personas". La asociación reclama medidas concretas: aumentar los recursos residenciales y sociosanitarios disponibles, agilizar los procedimientos para casos de máxima urgencia y garantizar una coordinación efectiva entre administraciones "para que las plazas aprobadas se conviertan en atención real cuando todavía se está a tiempo".El comunicado concluye con una advertencia: "Si no se adoptan medidas urgentes, habrá otros casos que terminarán de la misma manera." Y con una afirmación que lo resume todo: "Ninguna persona debería morir esperando un recurso que ya le había sido reconocido. Porque la dignidad no puede estar en lista de espera."