En la Argentina, la palabra mérito quedó atrapada en una discusión que terminó empobreciéndola. Para algunos, invocarlo supone desconocer las desigualdades de origen; para otros, alcanza con mencionarlo para explicar cualquier diferencia de resultados. Entre ambas posiciones se perdió una cuestión más importante: qué lugar queremos darle, como sociedad, a la capacidad, la preparación y la idoneidad. Nuestra Constitución resolvió hace mucho tiempo que el acceso a los empleos públicos debía regirse por la idoneidad. El artículo 16 de la Constitución Nacional terminó con las prerrogativas de sangre y nacimiento para establecer una regla profundamente igualitaria: nadie debía acceder a un cargo por su apellido, su posición social o su cercanía con el poder, sino por su capacidad para ejercerlo. Fue una conquista del pensamiento republicano y progresista, porque permitió cuestionar los privilegios de origen. Resulta paradójico que hoy, en nombre de la igualdad, se ponga en discusión uno de los principios que contribuyeron a hacerla posible. El problema aparece cuando se presenta al mérito como enemigo de la igualdad. Las personas no parten del mismo lugar y una trayectoria no puede analizarse sin considerar las oportunidades que existieron detrás de ella. Nuestro orden jurídico reconoce acciones positivas para corregir situaciones de desventaja. Son herramientas legítimas para ampliar oportunidades, pero no deberían reemplazar la exigencia de idoneidad. En la Argentina pareciera que hay cupos para todo, menos para el mérito. Nos preocupamos por establecer mecanismos de acceso, pero discutimos mucho menos cómo garantizar que quienes llegan a ocupar una responsabilidad tengan la preparación necesaria para ejercerla. La igualdad de oportunidades y la excelencia deberían complementarse, no excluirse. El talento no pertenece a una clase social determinada. Las oportunidades para desarrollarlo, en cambio, están profundamente condicionadas por el entorno. Una familia con recursos puede buscar mejores escuelas, profesores, idiomas o redes de contacto. Quien nace con una capacidad extraordinaria pero sin ese respaldo depende mucho más de que alguna institución sea capaz de detectarla y acompañarla. Cuando eso no ocurre, la pérdida no es solamente individual. También es social. Por eso resulta insuficiente pensar las políticas de igualdad únicamente en términos de pisos mínimos. Una sociedad que pretende ampliar oportunidades debería atender también a quienes pueden desarrollar capacidades excepcionales y no encuentran los medios para hacerlo. La educación masiva responde a parámetros comunes, pero corre el riesgo de desatender al alumno que aprende más rápido o manifiesta una aptitud singular. El artículo 93 de la Ley 26.206 de Educación Nacional ya prevé programas para identificar y acompañar a alumnos con capacidades o talentos especiales. La norma existe; falta convertirla en una política sostenida. Hay una objeción atendible: buena parte de lo que llamamos mérito refleja condiciones previas. Los exámenes y las trayectorias no son completamente neutrales. Pierre Bourdieu mostró cómo el sistema educativo puede consagrar como mérito lo que en parte proviene del capital cultural heredado; Michael Sandel cuestionó una meritocracia que termina justificando moralmente las diferencias sociales. Pero de esas advertencias no se desprende que debamos abandonar el mérito, sino que debemos ser más rigurosos al medirlo. Reconocer las desigualdades de origen debe servir para mejorar los criterios de evaluación y ampliar las oportunidades de demostrar capacidad, sin rebajar las exigencias de preparación e idoneidad. Cada vez que una persona preparada no encuentra lugar en la administración, en la justicia, en la universidad o en el sistema científico, el Estado pierde mucho más que un agente: pierde la inversión pública que financió su formación, la calidad de las decisiones que esa persona podría haber tomado y, con el tiempo, su propia capacidad para resolver problemas complejos. Las instituciones no se deterioran solamente por falta de recursos. Se deterioran, sobre todo, cuando dejan de atraer y de retener a los más capaces. ¿Qué ocurrirá si los más capaces siguen sin hallar su lugar en nuestro marco institucional y deciden, cada vez en mayor número, desarrollar su vida en el exterior? La respuesta no es abstracta. Cada generación que emigra se lleva consigo a la que podría haber formado: los docentes que no enseñarán aquí, los equipos de investigación que no se conformarán, las empresas que no se crearán, los jueces, funcionarios y técnicos que no ocuparán los cargos que el país necesita. La pregunta, entonces, es también quiénes terminan ocupando esos lugares. Cuando la capacidad y la preparación dejan de ser determinantes, su lugar no lo ocupa necesariamente la igualdad. Lo ocupan el amiguismo, los contactos, las pertenencias políticas y los privilegios. Mientras quienes estudian y se preparan encuentran cada vez menos incentivos para destacarse, otros acceden a posiciones por sus relaciones personales o su cercanía con el poder. Precisamente aquello que nuestra Constitución, en su artículo 16, buscó superar. Promover el talento exige detección temprana, becas que combinen mérito y situación socioeconómica, mentorías, programas de enriquecimiento educativo y carreras capaces de ofrecer horizontes dentro del país. Estas políticas deben permitir que las capacidades se desarrollen con independencia del origen social y que el esfuerzo encuentre oportunidades reales de crecimiento. Durante años nos acostumbramos a pensar la igualdad casi exclusivamente en términos de compensar desventajas. Es indispensable hacerlo. Pero una política verdaderamente ambiciosa también debería preguntarse qué puede aportar una persona si cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar sus capacidades. Una democracia necesita igualdad de oportunidades e instituciones integradas por personas capaces. Las dos aspiraciones se necesitan mutuamente. El verdadero progreso consiste en conseguir que el origen social no determine las oportunidades y que la capacidad, la preparación y el mérito sean reconocidos. Porque cuando la idoneidad deja de importar, el lugar que deja libre rara vez lo ocupa la igualdad. Generalmente lo ocupa el privilegio.