El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo para evitar que los precios de los alojamientos y los transportes alternativos se disparen como consecuencia de una situación de emergencia. La medida, incluida en el real decreto-ley de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), establece un límite a los importes que pueden cobrar los operadores cuando un suceso extraordinario altera la oferta y la demanda de determinados servicios. El objetivo es impedir que las personas afectadas por una crisis tengan que asumir sobrecostes para acceder a servicios básicos.Seguir leyendo....