Una conexión por satélite necesita servicio; un programa de análisis, actualizaciones; una infraestructura en la nube, funcionamiento continuado. Esa relación entre ejércitos y proveedores centra el análisis que Luis de Medina publicó en Ejércitos el 5 de octubre de 2026. Su tesis es que la intervención industrial continúa durante las operaciones y condiciona capacidades que dependen de redes y datos.«Empresas tecnológicas privadas han pasado de proveer sistemas de armas a participar de forma continuada en el combate mismo», escribe. El autor describe apoyo mediante desarrollo de capacidades sobre el terreno y mantenimiento de infraestructuras críticas. La afirmación forma parte de su interpretación de la guerra contemporánea y no significa que todos los trabajadores de esas compañías sean combatientes.Ejércitos presenta a Medina como oficial de la Armada en excedencia, con experiencia en tecnologías de la información y ciberdefensa. Su artículo examina Starlink, Palantir y Amazon Web Services, entre otros casos. Los documentos públicos permiten distinguir sus funciones: conectividad, tratamiento de información o conservación de datos no son actividades intercambiables.De las terminales al servicio que permite utilizarlasEl 29 de agosto de 2025, la agencia estadounidense de cooperación en defensa, DSCA, notificó la autorización de una posible venta a Ucrania de servicios de comunicaciones por satélite y material relacionado por un importe estimado de 150 millones de dólares. La solicitud incluía prolongar servicios para terminales Starlink y apoyo técnico y logístico. La autorización no equivale a una entrega ni al importe definitivo de un contrato.El documento identifica a Starlink Services como contratista principal previsto. El detalle resulta relevante para entender la dependencia de Starlink: además del terminal físico, hace falta mantener la prestación que lo conecta. La DSCA señalaba que la operación propuesta no requeriría enviar representantes adicionales estadounidenses a Ucrania. El apoyo tecnológico puede prestarse a distancia, sin que su importancia dependa de tener personal junto a cada usuario.Palantir ofrece otro ejemplo. El Gobierno ucraniano anunció en mayo de 2023 un memorando para cooperar en defensa y reconstrucción, con aplicaciones para evaluar daños y organizar información sobre infraestructuras. Un mismo proveedor reúne usos diferentes. Esa amplitud ayuda a situar el debate sobre la autonomía tecnológica militar, pero el acuerdo no permite atribuir a cada herramienta una intervención concreta en la selección de blancos.La nube y los límites de la condición de objetivo militarAmazon explicó en junio de 2022 que había colaborado con las autoridades ucranianas para trasladar datos a su nube mediante dispositivos Snowball de almacenamiento y procesamiento. Su relato incluye instituciones públicas, universidades y empresas. Preservar información también mantiene servicios civiles: el ejemplo ilustra por qué no se puede equiparar toda actividad tecnológica dentro de una guerra con una operación de combate.La interdependencia que describe Medina enlaza con los problemas organizativos de la ciberdefensa española y con la discusión sobre la visión militar de Palantir. Sin embargo, la relevancia estratégica no determina automáticamente el estatuto jurídico. Para hablar de posibles ataques hay que examinar bienes, personas y circunstancias concretas.El artículo 52 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra limita los objetivos militares a bienes que contribuyan eficazmente a la acción militar por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización y cuya neutralización ofrezca una ventaja militar definida en las circunstancias del momento. Trabajar para Defensa no basta por sí solo para convertir todas las instalaciones de una empresa en objetivos atacables.El mismo protocolo protege a los civiles, salvo mientras participen directamente en las hostilidades, y mantiene las exigencias de proporcionalidad y precaución en los ataques. La condición de empresa tecnológica no elimina esas protecciones. El cambio que plantea Medina exige entender mejor qué aporta cada servicio a una operación, sin confundir dependencia militar, actividad comercial y autorización general para atacar.