La investigación judicial sobre el accidente ferroviario deAdamuz, en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas, avanza hacia una nueva fase centrada en el análisis técnico de las cajas negras de los dos trenes implicados. La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro encargada del caso ha solicitado de forma urgente apoyo técnico y acceso a aplicaciones informáticas específicas para poder descifrar la información almacenada en los dispositivos.La magistrada ha remitido un oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía reclamando que “con carácter urgente” se adopten las medidas necesarias para facilitar al juzgado el acceso a los programas y sistemas necesarios para interpretar los datos registrados por ambos trenes siniestrados.La investigación busca acceder a los datos técnicos de los trenesEn la providencia judicial, la instructora considera imprescindible disponer de los programas informáticos denominados Multirec-SG y Husler-SG, correspondientes a los registradores jurídicos del tren Iryo y del Alvia. Además, solicita la colaboración de personal especializado de la empresa fabricante para lograr “el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos”.La jueza entiende que esta información resulta fundamental “para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción”. El requerimiento judicial incluye también la obligación de dejar constancia oficial de la recepción y cumplimiento del oficio remitido por correo electrónico. El procedimiento contempla además la posibilidad de presentar recurso de reforma contra la providencia en un plazo de tres días desde su notificación.Las cajas negras fueron abiertas el pasado mes de marzoLas cajas negras de ambos trenes fueron abiertas el pasado 5 de marzo en las instalaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, en Madrid, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizara días antes el acceso y extracción de la información almacenada tanto en los dispositivos de grabación como en las cámaras de seguridad del tren Iryo.La jueza autorizó igualmente el uso de cualquier programa informático capaz de verificar “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”. Todo el proceso de extracción y análisis se llevó a cabo bajo supervisión de agentes de Policía Judicial, encargados de custodiar las evidencias digitales obtenidas durante el procedimiento.La instructora descartó trasladar los equipos hasta dependencias judiciales de Montoro para evitar posibles daños o riesgos técnicos durante el transporte. En su resolución justificó que la medida pretendía “garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos”, en una investigación que continúa tratando de esclarecer las causas exactas de una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia registradas en España.