Arriendos en Colombia. Foto: Valora AnalitikEl mercado de vivienda en arriendo en Colombia sigue creciendo en medio del alto costo de comprar casa propia y las mayores restricciones de acceso al crédito. Sin embargo, junto con ese auge también persisten cobros y exigencias que, aunque comunes en el mercado, pueden ser ilegales según la Ley 820 de 2003, la norma que regula los contratos de arrendamiento urbano en el país. Lea también: La práctica ilegal que algunas empresas usan para no pagar la liquidación completa a los trabajadoresUno de los casos más frecuentes tiene que ver con el dinero adicional que algunos propietarios o intermediarios exigen al momento de firmar un contrato. Entre esas prácticas están los depósitos no autorizados, cobros excesivos por garantías o incrementos del canon por encima de lo permitido legalmente. La legislación colombiana establece que el canon mensual de arrendamiento no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble. Además, el incremento anual únicamente puede hacerse con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior certificado por el Dane. Aun así, en el mercado todavía se presentan casos en los que los propietarios aplican aumentos superiores o imponen pagos adicionales por fuera del contrato. El tema cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que cerca del 40 % de los hogares en Colombia vive en arriendo, mientras que en Bogotá esa cifra alcanza el 57,4 %, según datos citados por Fincaraiz con base en estadísticas del Dane. El crecimiento de esta modalidad de vivienda ha convertido el mercado de arrendamientos en uno de los más sensibles para el bolsillo de los hogares. “La Ley 820 no solo protege a las partes, sino que también promueve un mercado más transparente”, aseguró Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz, al advertir que aún existe desconocimiento sobre los derechos y deberes de propietarios e inquilinos. Los cobros ilegales más comunes en contratos de arriendo en Colombia Uno de los puntos más importantes de la norma es la prohibición de exigir depósitos arbitrarios como condición para entregar un inmueble. En la práctica, algunos arrendadores solicitan varios meses de arriendo anticipado o depósitos adicionales que no siempre están respaldados legalmente. Puede interesarle leer: La gigante colombiana con 240 tiendas en el país que ahora llegará a Miami y apunta a VenezuelaLa ley sí permite solicitar garantías, pero estas deben formalizarse mediante mecanismos autorizados como fiadores, pólizas de arrendamiento o respaldos financieros previamente acordados. El objetivo es evitar abusos y equilibrar la relación contractual entre ambas partes. Otro aspecto que suele generar controversia es el manejo de reparaciones y mantenimiento. La normativa establece que el propietario debe responder por daños estructurales y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, mientras que el arrendatario asume el cuidado ordinario del inmueble y los daños derivados de un uso inadecuado. En paralelo, la ley también protege a los inquilinos frente a desalojos arbitrarios. Un propietario no puede exigir la entrega inmediata del inmueble sin cumplir los procedimientos legales establecidos. La terminación del contrato debe sustentarse en causales específicas y respetar los tiempos de notificación definidos por la regulación. Los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia suelen pactarse a un año y tienen renovación automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlos. Además, la legislación contempla penalidades económicas cuando alguna de las partes decide finalizar el contrato de forma anticipada sin justa causa. “Muchos conflictos en el mercado de arriendos surgen por desconocimiento”, explicó Posada, quien señaló que existe una necesidad creciente de educación financiera y jurídica para los usuarios. También puede leer: Gimnasio más grande de Colombia lanzó servicio gratuito para sus afiliados: disponible en Bogotá y Medellín En medio de un mercado inmobiliario presionado por las altas tasas de interés y el aumento del costo de vida, el arriendo seguirá siendo la principal alternativa de vivienda para millones de hogares colombianos. Por eso, conocer los límites legales sobre cobros, incrementos y garantías será cada vez más importante para evitar pagos indebidos que pueden terminar afectando significativamente el presupuesto familiar.