Son 130 los días que han pasado ya desde que comenzase el calvario judicial de los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla tras un posible caso de acoso escolar. Más de cuatro meses de dolor para José Manuel Peña y Zara Villar, en los que la decisión judicial "nos hunde más".De este modo, han anunciado que recurrirán el archivo provisional de la querella presentada contra los responsables de su colegio, el centro privado concertado Irlandesas Loreto. En una entrevista en Canal Sur Televisión, la madre de la menor afirmó: "No entendemos nada. Nos destroza más que después de 130 días esperando una respuesta se resuelva en media carilla".“Si el protocolo se hubiese activado, Sandra no habría muerto”Hablamos con los padres de Sandra Peña tras archivarse la querella contra el Colegio de las Irlandesas de Loreto de Sevilla.#ADirecto @canalsur @Casiopeacr pic.twitter.com/CSae6TzN6N— Andalucía Directo ❎ (@adirecto) May 15, 2026La familia cuestiona el auto del juez instructor, que archiva provisionalmente la causa al considerar que el colegio y sus responsables adoptaron medidas frente a la situación de acoso, aunque no les era exigible controlar a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida.La familia cuestiona el archivo y apunta a datos de la autopsiaLos padres de Sandra han revelado parte del resultado de la autopsia de su hija, que recoge que presentaba alcohol en sangre, con 0,59 miligramos, y cortes. A partir de esos datos, se preguntan si la menor pudo haber bebido y lesionarse en el propio centro escolar, ya que se suicidó muy poco después de la salida del colegio.Zara Villar sostiene que no entiende que el auto «obvie tantas cosas». Entre ellas, menciona que no se haga referencia a la autopsia de Sandra ni al protocolo de prevención del suicidio, más allá del protocolo específico de acoso, que el propio juez reconoce que no se activó en este caso.Los padres de Sandra Peña reaccionan en "Hoy en Día" al archivo de la querella contra el colegio de su hija🌐 #InfórmateEnCanalSur pic.twitter.com/Xyn1wuuY5p— CanalSurNoticias (@CSurNoticias) May 15, 2026La madre de la menor ha explicado que la querella está apoyada en la investigación que, a su juicio, sí está desarrollando adecuadamente la Fiscalía de Menores. Esa actuación sigue abierta en el Juzgado de Menores, dentro de un expediente de reforma que investiga a tres alumnas del colegio señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña."Ahí ha quedado constatado, por todos los testigos, el acoso que sufría Sandra y que el profesorado lo sabía", ha relatado Villar. También se ha referido a una extensa carta de despedida de tres folios que, según ha explicado, la menor habría escrito durante una clase de Matemáticas.El juez no ve acreditados delitos por parte del centroLa familia lamenta que el colegio tratara, según su visión, la situación que sufría Sandra como "cosas de niños y peleas entre iguales". Villar ha recordado que su hija se suicidó porque sufría "una depresión profunda causada exclusivamente por el acoso escolar", que le provocaba baja autoestima, rechazo hacia su cuerpo y una fuerte autoexigencia.El magistrado, en línea con el criterio de la Fiscalía, sostiene en el auto que no ha quedado acreditada la comisión de delitos de homicidio por imprudencia o trato degradante por parte del centro educativo en relación con la muerte de la alumna el pasado 14 de octubre.Un pequeño altar improvisado en el bloque donde vivía Sandra Peña.-JOSÉ MANUEL VIDAL / EFELa resolución judicial alude a la existencia de un ambiente de acoso escolar presuntamente provocado por tres compañeras, cuya actuación continúa siendo investigada por un Juzgado de Menores. Sin embargo, el instructor rechaza la tesis de los padres sobre un "comportamiento omisivo" de los docentes.Según el auto, el colegio adoptó medidas de protección tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, entre ellas la separación de las presuntas acosadoras y el seguimiento psicopedagógico. El juez subraya además la falta de relación de causalidad entre la actuación del centro y el suicidio, ocurrido fuera de las instalaciones escolares. La resolución concluye que, aunque no se activó el protocolo oficial de acoso, el deber de vigilancia de los profesores no se extiende al domicilio de la menor ni era exigible que los educadores previeran ese desenlace. Pese a ello, los padres de Sandra Peña mantienen que recurrirán el archivo provisional de la causa.