Las universidades públicas andaluzas no pasan por su mejor momento. En los últimos meses han aumentado las críticas por la falta de financiación para poder hacer frente a todos los gastos. El ejemplo más claro y mediático ha sido el de la Universidad de Sevilla anunciando hace un mes un ajuste de 16 millones de euros que lleva consigo el cierre de instalaciones por las tardes o la reducción de contrataciones para la plantilla. La Junta, señalada durante estos cuatro años por los rectores, apuntaba al rector saliente de la Hispalense por el 'agujero' en las arcas.Sin embargo, la US no es la única universidad pública que se enfrenta a una falta de liquidez. A pocos kilómetros, en la Universidad Pablo de Olavide, también existen dificultades. Estas dificultades están teniendo consecuencias directas en trabajadores de la institución que reclaman sus derechos. En concreto hablamos de la promoción de los Profesores Ayudantes Doctor, incorporados en la Convocatoria María Goyri. Desde septiembre, este grupo de docentes lleva peleando internamente por ciertos derechos, aunque la falta de respuestas les ha llevado a sacar el tema a la luz.educaciónLa UPO, más cerca de Europa: se convierte en la única universidad andaluza en esta red de prestigio Patricia Merello"Mi categoría profesional bajo este programa está siendo discriminada. Hay otras personas en la Universidad con la misma categoría a la que sí se les aplica el convenio", apunta una de las personas afectadas a lavozdelsur.es sin querer revelar su nombre. El conflicto nace con una convocatoria del Ministerio con la que estos afectados accedieron a la universidad. El convenio señala que a los que adquieran la plaza y estén acreditadas para otra figura, el día en el que firman el contrato se les tiene que subir a la siguiente categoría profesional y dotar de una plaza para ello.Sin embargo, estos docentes universitarios denuncian que cuando "la Junta se dio cuenta de que empezamos a acceder a estas plazas gente sobrecualificada y acreditada e iba a haber diferencias de sueldos". La situación ha provocado una disputa entre la propia Junta y el Ministerio. Este último se ciñe a la convocatoria y deja la pelota en el tejado de la Consejería para que se haga cargo del personal con categorías superiores. La Junta estudia los casosEn medio está la Universidad Pablo de Olavide. El rector les ha reconocido a los afectados que tienen razón en sus reclamaciones, pero no hay dinero suficiente para reconocerles la categoría. Esto, en palabra de uno de los perjudicados con el que ha podido hablar este periódico supone "un pellizco" todos los meses, aunque el perjuicio no es sólo económico. A preguntas de lavozdelsur.es la UPO responde que no hay novedades y que todo depende de la Junta de Andalucía.educaciónLa Universidad de Sevilla pone el nombre de Ramón Reig a un aula-seminario de la Facultad de Comunicación María Crisol"Nosotros hemos concursado a unas plazas con un convenio y unas características. No nos pueden cambiar las reglas del juego", aseguran. Una de estas personas, por ejemplo, dejó su plaza en la administración para enfocarse en este proceso y entrar en la universidad. Varios han tenido que solicitar excedencias para hacer realidad este objetivo bajo unas condiciones. "En septiembre empezamos a pedir explicaciones cuando firmamos el contrato y no nos están respondiendo. En abril el rector se reunió con nosotros para decirnos que no hay dinero pero ese no es nuestro problema. Nos tienen que pagar y cumplir con la normativa. Hay una pelea entre el Ministerio, la Junta y la Universidad, pero en el medio estamos nosotros".lavozdelsur.es ha contactado con la Consejería de Universidades para conocer cuál es la intención de la Junta de Andalucía ante los afectados. En este sentido, el departamento de José Carlos Gómez Villamandos insiste en un mensaje de "tranquilidad". Universidades apunta a que el acuerdo firmado recoge que las plazas financiadas por la Junta se realizará a partir del curso 2027/2028. "No hay ningún incumplimiento por parte de la administración autonómica. Estamos trabajando para adelantar esos plazos".Aunque la Junta tiene previsto incorporar las nuevas plazas al presupuesto de 2027, sobre las acreditaciones ya obtenidas asegura que "la Junta está a la espera de que el Ministerio confirme que todas las situaciones cumplen los criterios establecidos dentro del programa María Goyri, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad jurídica y la correcta aplicación del convenio".Lo próximo, acciones legalesPese a la situación, estas personas que se sienten "discriminadas" están trabajando con normalidad en la Universidad Pablo de Olavide. "Ya no sólo son las consecuencias económicas, es que se nos está frenando la posibilidad de promocionar", afirma una de las afectadas. Los problemas también son de estatus, "Yo ahora no soy funcionaria y se me está impidiendo que sea profesora titular funcionaria. Para pedir un proyecto de investigación actualmente tengo que pedir autorización porque no tengo la categoría que tengo que tener. Y si hay alguien detrás mía al que sí promocionan, esa persona se pone delante de mí y esto supone, entre otras cosas, escoger un horario u otro".Ante la falta de respuestas, el próximo paso que plantean estos docentes son las acciones legales para las que actualmente se están asesorando. "Nuestra intención es no llegar a ello y que se solucione antes del próximo curso. De hecho estaos dispuestos a perdonar todos estos meses en los que se nos ha metido la mano en el sueldo. Pero como haya juicio vamos a por todas, con los retrasos incluidos".Muchos de estos docentes han dado el paso para estar a tiempo completo en la Universidad. Algunos por la investigación y otros por la propia docencia. "Pero al final es que estamos en precariedad", lamentan.