La expansión de la inteligencia artificial ha colocado a los centros de datos en una posición incómoda. Son la base física de servicios que parecen invisibles, desde los chatbots hasta la nube empresarial, pero necesitan suelo, electricidad y agua. En Estados Unidos, la tensión con los recursos locales empieza a pasar de los informes técnicos a las quejas vecinales.El último caso llega desde Fayette County, en Georgia, donde varios residentes de la zona de Annelise Park detectaron una caída anómala en la presión del agua. Al mismo tiempo, las autoridades pedían a los hogares que redujeran el riego de jardines por la sequía. Para muchos vecinos, la comparación resultó difícil de aceptar cuando la investigación municipal señaló a una gran obra tecnológica cercana.El proyecto afectado es el campus de QTS en Fayetteville, conocido como Project Excalibur y propiedad de la firma Quality Technology Services, controlada por Blackstone. El recinto ocupa 615 acres, tiene 13 edificios previstos o en marcha y aspira a llegar a 16. Con esas dimensiones, se ha convertido en una de las mayores obras de datos del país.La factura pendienteSegún informó Politico, el complejo consumió más de 29 millones de galones de agua, unos 110 millones de litros, a través de dos conexiones que el condado no estaba midiendo bien. La cifra equivale a decenas de piscinas olímpicas y llegó acompañada de una factura retroactiva de 147.474 dólares. El episodio encaja con un debate que ya rodea al impacto ambiental de la IA y con las dudas sobre el agua de la IA. El problema no fue solo el volumen, sino que el uso pasó inadvertido durante meses.QTS sostiene que el gasto corresponde a la fase de construcción, con trabajos de hormigón, control del polvo y preparación del terreno. La compañía asegura que, cuando el campus esté operativo, usará refrigeración de circuito cerrado y limitará el agua de la red a usos domésticos. Esa promesa se parece a la que defiende parte del sector cuando habla de centros de datos más eficientes, aunque la obra ya ha abierto una brecha política en la zona.El condado cobró la factura, pero no impuso sanciones. Sus responsables atribuyen el fallo a un cambio hacia contadores inteligentes y a la falta de personal para revisar instalaciones comerciales de gran tamaño. Para QTS, el plazo sin medición pudo estar entre nueve y quince meses; para el servicio de aguas, cerca de cuatro. La diferencia no es menor, y llega en pleno debate sobre quién paga las infraestructuras que exige la IA, también en la factura eléctrica.Fayetteville ya ha prohibido nuevos centros de datos en todos sus distritos de zonificación, una señal de hasta qué punto la tecnología ha dejado de ser un asunto lejano para las administraciones locales. La IA se vende como software, pero sus costes aparecen en tuberías, subestaciones y carreteras. La próxima gran pregunta será si los municipios pueden negociar esas cargas antes de que las descubran por una bajada de presión en casa.