Juan Carlos Ramirez, presidente del CARF. Foto: tomada de la web del CARF. Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió sobre el agravamiento de la inflexibilidad del gasto en Colombia, este jueves durante el lanzamiento de la Revista Economía Colombiana de la Contraloría.De acuerdo con el vocero, históricamente los compromisos forzosos del Presupuesto General rondaban el 85 %, una cifra que recientemente ha escalado hasta alcanzar un 90 %.Ramírez atribuyó este fenómeno no solo a mandatos constitucionales, sino a fallas directas en la planeación financiera de las autoridades presupuestales del Gobierno.De hecho, detalló que este desbalance se ha profundizado porque el gasto público viene creciendo a ritmos superiores a los ingresos, una tendencia que, bajo su perspectiva, seguirá siendo creciente.«Desde ya podemos prever un gasto todavía más inflexible», señaló, advirtiendo que esto reduce drásticamente el margen de maniobra para cualquier gobierno.El pecado de la planeación financieraSegún el presidente del CARF, el debilitamiento en la programación presupuestal ha generado una profunda incertidumbre institucional, pues en el año 2024 se cometió un «error» de planeación que generó una brecha de cuatro puntos del PIB entre los ingresos reales y los programados.Este desfase, que, según el vocero no fue corregido a tiempo, ha creado una «bola de nieve» de rezago presupuestal que asciende a por lo menos 2,5 puntos del PIB, trasladando la presión financiera de un año al siguiente de manera sistémica.Para Ramírez, esta situación debilita la confianza en las instituciones y obliga a las entidades a ejecutar gastos de forma ineficaz ante el temor de futuros aplazamientos o recortes por parte del Ministerio de Hacienda. “El ajuste debe ser gradual y se necesitan más certezas que combatan los riesgos en la planificación fiscal y el crecimiento económico”, concluyó.En ello coincidió César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. “¿Qué hogar o qué empresa es sostenible cuando los gastos superan cinco veces los ingresos”, dijo en el evento de la Contraloría, haciendo referencia a lo que está pasando con las cuentas públicas.También insistió en que los datos reflejan que la economía depende del Estado, citando que el 60 % del crecimiento económico del primer trimestre se debió al gasto público, que el principal creador de empleo en este mismo periodo fue el sector de administración pública, que la inflación va en 5,7 % jalonada por el efecto indexación del salario mínimo, que se está emitiendo deuda (TES) a tasas cercanas al 14 % y que el gasto público superó a la inversión por primera vez en la historia reciente del país.El Gobierno defiende su gestión y destaca reducción de deudaEn contraste con la visión técnica del CARF, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, defendieron con firmeza el manejo económico del Ejecutivo.El titular de Hacienda argumentó que el problema fiscal no es reciente, sino que proviene de una desestructuración de años atrás, agravada por la pandemia y decisiones de gobiernos anteriores, como el congelamiento de los precios de la gasolina que generó un déficit masivo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).Ávila enfatizó que, pese a las presiones, la deuda neta del Gobierno ha mostrado una tendencia controlada: tras alcanzar el 60,7 % del PIB en 2020, se proyecta que cierre en un 57,9 % para 2026 o incluso por debajo. El ministro también cuestionó la falta de debate sobre cómo las altas tasas de interés del Banco de la República han encarecido el servicio de la deuda, impactando directamente la estructura fiscal del país.Por su parte, Javier Cuéllar, director de Crédito Público, calificó la estrategia de endeudamiento actual como un éxito histórico y destacó que se ha logrado reducir la exposición al riesgo cambiario, bajando la deuda externa del 42 % al 25 % del total.Así mismo, resaltó operaciones financieras como el swap en francos suizos, que permitirá una liberación de recursos de más de US$3.000 millones para el año 2027.«Mientras la deuda mundial sobre el PIB crece, Colombia va para el otro lado», afirmó Cuéllar, insistiendo en que la caja del país está planeada y que el servicio de la deuda está bajando en términos reales.Mientras el CARF advierte sobre la urgencia de reformas paramétricas en pensiones y una mayor disciplina en la programación de ingresos, el Gobierno insiste en la necesidad de un «gran pacto fiscal» y una reforma tributaria estructural que garantice ingresos progresivos y sostenibles para proteger los logros sociales alcanzados, como la reducción de la pobreza monetaria y el fortalecimiento de la clase media.—