La historia de las casetas de pesca de la Isla del Trocadero, en Puerto Real, lleva décadas escribiéndose a la orilla del caño que separa este singular enclave de la Bahía de Cádiz. Pero a principios de año, la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico notificó hasta 159 expedientes de recuperación posesoria para desalojar a los ocupantes de estas instalaciones, que se ubican en terrenos incluidos en el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre.Desde entonces, los afectados llevan intentando llegar a una solución que pase por mantener sus casetas en el Trocadero, sin cerrarse a un posible derribo y la instalación de casetas de otra tipología, más alineadas con el entorno, y de menor dimensión.Hasta crearon la asociación Castillo de San Luis Isla del Trocadero, para representar a los pescadores, y a través de la que se ha presentado un recurso de alzada ante la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que pide la revocación de las resoluciones o, cuando menos, que se estudie caso por caso antes de tomar una decisión definitiva. De forma extraoficial, se les ha llegado a comunicar que estarán derribadas en junio, pero Costas aún tiene que responder al recurso presentado por la entidad.El escrito, estructurado en nueve alegaciones, construye su argumento sobre cuatro ejes principales. El primero es el uso tradicional y pacífico acreditado. El recurso sostiene que las casetas se vienen utilizando desde hace décadas, incluso desde generaciones anteriores, "de forma pública, pacífica, continuada e ininterrumpida", sin que conste ninguna actuación administrativa efectiva de recuperación posesoria, ninguna sanción individualizada ni ningún requerimiento formal de retirada materialmente ejecutado.provincia cádizLa otra batalla del Trocadero: una gran 'familia' de pescadores contra el derribo de sus históricas casetas Francisco RomeroEl segundo eje es la confianza legítima y los actos propios. El recurso subraya que la Administración no solo toleró durante décadas la situación, sino que en 2004 participó activamente en una comisión que buscaba soluciones compatibles con la permanencia de los usos tradicionales. El tercer eje es la proporcionalidad. El recurso denuncia que la resolución impugnada no ha valorado el arraigo social y económico de los afectados, la dependencia de muchos de ellos de la pesca artesanal, la edad avanzada y escasez de recursos de parte de los ocupantes, ni la posibilidad de articular un régimen transitorio o plazos amplios de desalojo. Y el cuarto eje es el agravio comparativo. El recurso reprocha a la Demarcación un doble rasero: mientras se actúa con "celeridad e inmisericordia" contra las casetas de pescadores de escasos recursos, se habría mostrado tolerante con grandes urbanizaciones de la costa de Cádiz con sistemas de depuración cuestionables, o con la situación de los chiringuitos de la capital.Como petición principal, la asociación solicita la revocación de las resoluciones. Con carácter subsidiario, pide que se dejen sin efecto o que el expediente retroceda para dictar una nueva resolución con motivación individualizada. Solicita asimismo la suspensión cautelar de la ejecución mientras se resuelve el recurso, y, en cualquier caso, la autorización de uso en precario de las instalaciones mientras se busca una regularización consensuada y racional.Barcas en la Isla del Trocadero, en Puerto Real.-MANU GARCÍAUn anuncio de demolición... hace 24 añosEl primer aviso de conflicto llega en febrero de 2002, cuando la entonces directora general de Costas, María del Carmen González, anuncia a través de la prensa un proyecto de actuación en la zona del Trocadero que incluía el desmantelamiento de las casetas de los pescadores. La noticia provoca una reacción inmediata entre los afectados, que se organizan en asamblea y recogen cerca de 800 firmas para reclamar una solución coordinada entre todas las administraciones implicadas.El 4 de abril de 2002, el entonces alcalde de Puerto Real, Pepe Barroso, escribe a Costas para trasladarle la "extraordinaria preocupación" de los pescadores y solicitarle una entrevista. La carta destaca que muchos de los afectados tienen en la pesca su "principal medio de vida" y pide que se coordine "entre todas las administraciones implicadas una solución para este colectivo".provincia cádizCostas prevé derribar las casetas del Trocadero en Puerto Real, pero negocia una alternativa con los pescadores Francisco RomeroDos años después, el asunto sigue sin resolverse pero toma un nuevo cauce. El 18 de noviembre de 2004, la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico convoca en Cádiz la primera reunión de la comisión para la gestión integral de la zona costera del Caño del Trocadero y su entorno, presidida por Gregorio Gómez Pina, jefe de la Demarcación. El acta de esa reunión es uno de los pilares del argumento de la asociación, porque demuestra que la propia Administración conocía perfectamente la situación de las casetas y apostó entonces no por la demolición inmediata, sino por la búsqueda de una solución integral.2026: la demolición como único horizonteMás de 20 años después de aquella primera señal de alarma, la situación ha derivado hacia el escenario más drástico. A comienzos de 2026, la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico inicia los expedientes de recuperación posesoria. La incoación se notifica inicialmente el 12 de enero. En el acuerdo de incoación se afirma que las casetas se ubican en terrenos del deslinde aprobado en 1998 y que no consta autorización, concesión ni título administrativo alguno que ampare la ocupación. El 27 de enero, la asociación ya constituida presenta un escrito de alegaciones.El 24 de marzo, la Demarcación notifica a los pescadores la resolución de recuperación posesoria, que ordena el desalojo y la demolición de las instalaciones. La resolución, según denuncia el recurso, justifica la demolición de forma genérica afirmando que "es necesaria para la rehabilitación ambiental del entorno natural de la zona, muy degradado por las mencionadas construcciones, que no cuentan con saneamiento e impiden el uso público de los terrenos demaniales", sin aportar, a juicio de los recurrentes, ningún sustento técnico concreto ni motivación individualizada para cada caseta. Ahora, la pelota está en el tejado de la Dirección General de la Costa y el Mar.