El juez de Instrucción ha archivado provisionalmente la querella interpuesta por los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado octubre tras presuntamente sufrir acoso escolar, contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y tres de sus responsables: el director, la jefa de estudios y la tutora de la menor. La querella les acusaba de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante.El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que "el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida". Además, se valora que "ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor". En consecuencia, concluye que "faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirma que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña".córdobaLa madre de Sandra Peña clama contra el acoso, con el apoyo de Juanma Moreno: "Hay que proteger a la infancia" María CrisolEl auto reconoce que "no consta que se activara el protocolo de acoso escolar", aunque sí señala que el centro adoptó otras medidas: separó a las alumnas señaladas como posibles acosadoras, designó personas de referencia en el colegio y mantuvo contacto con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor. Respecto al protocolo no activado, el juez afirma que "es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó". La resolución acuerda el sobreseimiento provisional y la no práctica de diligencias de investigación. Contra ella cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días.La familia no comparte esta lectura. El tío de Sandra, Isaac Villar, había señalado previamente que los indicios de las diligencias de la Fiscalía llevaban a concluir "sin lugar a dudas" la posible implicación de los docentes, dada su "falta" de actuación. "Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra".