El Colectivo IMV Afectados y Afectadas ha denunciado el caso de Ana, una mujer de Córdoba con discapacidad física, psíquica e intelectual que afronta la posible pérdida de su vivienda después de que la Seguridad Social le reclamara una deuda derivada del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según expone el colectivo, el cobro indebido se originó por un error administrativo cometido durante la concesión de la prestación, aprobada de oficio en 2020.De acuerdo con la información difundida, la Administración reconoció el IMV sin tener en cuenta un cambio previo en la unidad de convivencia de Ana, producido en diciembre de 2019. Años después, tras revisar el expediente, la Seguridad Social determinó que existían cantidades cobradas de forma indebida y activó un procedimiento de reintegro contra la afectada.jerezUna vecina de Jerez lleva seis años con aguas fecales cayendo en su casa pese a ganar un juicio: "Esto no es vivir" Francisco J. JiménezAna sostiene que la ayuda le fue concedida automáticamente sin que se contrastaran correctamente sus datos personales y familiares. "Me lo dieron de oficio y no averiguaron bien las cosas", explica. La mujer relata además que durante años existieron discrepancias relacionadas con el padrón y la división de la vivienda familiar entre distintas plantas, una situación que, según afirma, complicó todavía más la gestión administrativa de su caso.La afectada asegura que intentó regularizar su situación y que tanto ella como una trabajadora social presentaron alegaciones para explicar que convivía junto a su hermana en la misma unidad familiar. Sin embargo, denuncia que las reclamaciones no fueron atendidas y que la Administración continuó adelante con el procedimiento. "Nos dijeron que yo me había cambiado de unidad familiar cuando siempre hemos estado en la misma unidad familiar", afirma.jerezLa Junta desahucia en Jerez a Enrique, con una pierna amputada y una hija menor: "Mi casa era una trampa" Francisco J. JiménezLa deuda reclamada supera los 21.000 euros, una cantidad que Ana asegura no puede afrontar. Según explica, se han presentado recursos administrativos y ha vuelto a solicitar asistencia jurídica gratuita después de que anteriormente se le denegara por no considerar agotada la vía administrativa. "No sé qué hacer, a veces una piensa incluso en lo peor", lamenta, mientras espera una nueva resolución sobre su petición de abogado de oficio.La situación se agrava por las condiciones personales y económicas de las dos hermanas. Ambas tienen discapacidad, carecen de apoyo familiar y viven en una situación de exclusión social y vulnerabilidad económica acreditada mediante informes sociales. La vivienda en la que residen, heredada de sus padres fallecidos, es el único inmueble del que disponen."Estamos solas, nadie nos ayuda"Sobre esa vivienda pesa ya una orden de embargo que se encuentra en fase de ejecución y pendiente de lanzamiento, lo que podría desembocar en el desalojo de ambas. Ana describe además el deterioro del inmueble, con vigas afectadas por termitas y desperfectos estructurales que, según denuncia, tampoco han podido ser reparados ante la incertidumbre sobre el futuro de la casa. "Estamos solas, nadie nos ayuda", señala.Desde el entorno de la afectada sostienen que las limitaciones derivadas de su discapacidad dificultaron que comprendiera plenamente tanto la concesión inicial del IMV como las posteriores comunicaciones administrativas relacionadas con la devolución de las cantidades reclamadas. Los informes médicos y sociales incorporados al expediente respaldan, según el colectivo, la especial vulnerabilidad de la mujer y la ausencia de responsabilidad directa en los hechos que originaron la deuda.Mientras continúan explorándose vías legales y administrativas para frenar el embargo y evitar el desahucio, Ana reconoce vivir una situación límite marcada por la ansiedad y la incertidumbre. "Estoy bastante agobiada y en una situación insostenible", afirma.