El Congreso ha aprobado este martes la convalidación del real decreto-ley del Gobierno para ampliar la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con hasta 6.200 millones de euros extra entre 2026 y 2027. Se ha convalidado con 317 síes, entre los que está el Partido Popular, frente a los 33 noes de Vox. El decreto-ley se tramitará además por el procedimiento de urgencia. También se ha aprobado, aunque esto con la abstención del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que continuará su tramitación en el Senado. Este texto incluye nuevas medidas de protección y apoyo para estos colectivos vulnerables . Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido que el objetivo del Gobierno es que las personas puedan envejecer en sus casas y retrasen al máximo posible la entrada en una residencia. La Comisión de Derechos Sociales del Congreso aprobó el jueves, por 20 votos a favor y 17 en noes de Partido Popular y Vox, el dictamen de esta reforma elaborada por Derechos Sociales. Este martes, en cambio, el PP ha votado a favor. Durante la tramitación, se incorporó al texto una enmienda para que se cumpla que el Gobierno asuma el 50 por ciento de la financiación en dependencia. Bustinduy recordó que es precisamente una de las reclamaciones que desde hace años hacen los gobiernos autonómicos del PP y que no se entendería que voten en contra. Los populares justificaron su rechazo de la semana pasada en la comisión en que el Gobierno no ha presentado una memoria económica que garantice que el presupuesto prometido se va a cumplir. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular ha convalidado esta tarde el decreto-ley. «Vamos a votar a favor porque entendemos la importancia de los recursos públicos», ha explicado la diputada del PP Carmen Fúnez, durante el Pleno. Pero siguen sin fiarse del todo y criticó que el Gobierno «promete lo que sabe que mañana no va a poder pagar». En el Pleno, Bustinduy ha celebrado el acercamiento de los populares y señalado que «votar sí es darle una vida mejor a millones de personas». El ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno de cumplir con esos 6.200 millones de euros extra en los siguientes dos ejercicios. Y continuó diciendo que mientras él siga al frente del ministerio, «no se volverá a recortar en dependencia». Durante el debate, Bustinduy también defendió que además de una financiación «histórica», las reformas amplían el catálogo de prestaciones y refuerzan los derechos de las personas que cuidan y de las personas dependientes y con discapacidad. Entre las nuevas medidas, se busca eliminar las incompatibilidades entre determinadas prestaciones que, hasta ahora, impedían percibir varios ayudas de forma simultánea; se reconocerá el derecho universal a la teleasistencia; se ampliará la figura del asistente personal a situaciones fuera del hogar (como acompañamiento para hacer la compra o ir al médico) y se añaden más perfiles de cuidadores que pueden recibir la prestación económica. Según la nueva normativa, no será necesario que exista un vínculo familiar directo, así que podrán acceder a estas ayudas amigos o vecinos que hasta ahora estaban realizando esos cuidados sin apoyos reconocidos. Según recoge Servimedia, la futura ley también reconoce la accesibilidad universal como un derecho. Por ello, una vez entre en vigor, tras su aprobación definitiva en el Senado, los ciudadanos podrán reclamar que cualquier edificio público sea accesible. Para hacerlo posible, se aprobará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que se encargará de asumir la instalación de rampas, sistemas de audiodescripción y cualquier otro tipo de adaptación necesaria. Por otro lado, la reforma también regula por primera vez la figura de una persona experta que facilite los trámites procesales. Su función será ayudar a las personas con discapacidad a comprender los procedimientos judiciales, tomar decisiones informadas y asegurar que reciban la información de forma clara y con el apoyo necesario. Entre otras medidas, el texto refuerza la protección frente a todas las formas de violencia de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad mediante «la garantía de mecanismos accesibles y especializados de atención, denuncia y protección». Según explica Servimedia, el texto incorpora de manera expresa la perspectiva de género y la perspectiva interseccional como principio rector de las políticas de dependencia.