Seis meses después del accidente ferroviario de Adamuz, las víctimas y los familiares de los fallecidos aseguran que continúan atrapados entre la lentitud burocrática, la falta de respuestas y el temor a un proceso judicial interminable. El siniestro, ocurrido el domingo 18 de enero, costó la vida a 46 personas y dejó más de 120 heridos. De los fallecidos, 28 residían en localidades de la provincia de Huelva.El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha lamentado este sábado “el desamparo y la parálisis” que vienen sufriendo los afectados. Asegura que, medio año después de la tragedia, la situación permanece “prácticamente igual” que durante las jornadas inmediatamente posteriores al accidente.Samper ha advertido de las consecuencias que esta falta de avances está teniendo sobre las personas que sobrevivieron y sobre los allegados de quienes perdieron la vida.“Sobre todo para salvaguardar la salud mental de las víctimas que quedan vivas y los familiares de los fallecidos, necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible”, ha señalado en declaraciones a EFE.A la lentitud de los trámites se suma, según la asociación, la ausencia de responsabilidades políticas o técnicas. Los afectados también contemplan con preocupación la posibilidad de que el procedimiento judicial se prolongue durante años.sociedadLas víctimas de Adamuz piden que se interrumpa todo el sistema ferroviario por falta de medios para detectar la rotura de vías Emilio CabreraCríticas por la seguridad ferroviariaEl representante de los afectados ha lamentado que la tragedia “no haya servido para nada” y ha sostenido que en España se continúa prestando un servicio ferroviario “inseguro”.La asociación remitió recientemente un escrito al Consejo de Ministros y al ministro de Transportes, Óscar Puente, reclamando la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que se garanticen unas condiciones básicas de seguridad.Según Samper, la petición no ha recibido una respuesta directa. “La única respuesta al documento ha sido declaraciones de representantes del Gobierno en medios de comunicación defendiendo el servicio y su prestación. Las responsabilidades no se han asumido en ningún momento, todo lo contrario”.En el terreno económico, el presidente de la asociación ha explicado que Renfe ya ha consignado en el Juzgado de Montoro una cantidad para hacer frente a las indemnizaciones. Sin embargo, los afectados desconocen cómo se ha calculado y qué sistema se utilizará para distribuirla.“No sabemos qué criterios se han seguido, si es que se ha seguido alguno”, ha indicado Samper, quien considera que el reparto resulta “a todas luces incongruente”.Investigación judicial abiertaMientras las víctimas reclaman avances y explicaciones, la investigación judicial continúa abierta. Los tres peritos designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, han solicitado la incorporación de un especialista en telecomunicaciones ferroviarias.Los investigadores quieren aclarar “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.En el escrito enviado al juzgado, los peritos consideran “necesaria” la participación de “un ingeniero de telecomunicaciones especializado en comunicaciones ferroviarias”. Su cometido sería explicar el funcionamiento de los enclavamientos y de los sistemas de detección existentes en la vía.En concreto, buscan conocer cómo se detecta la presencia de cada tren en los diferentes cantones ferroviarios y cómo se transmiten estos datos al puesto de mando.Los expertos también han estudiado la documentación relacionada con las obras de renovación de la vía ejecutadas poco antes del siniestro. A partir de ese análisis, no descartan que sea necesario realizar nuevos estudios sobre el terreno para determinar si en la posible rotura del carril intervinieron elementos externos a la propia soldadura.Lo que dicen los peritosAnte la hipótesis de un fallo del terreno, plantean efectuar una “campaña geotécnica” que permita analizar los materiales de la infraestructura ferroviaria en las inmediaciones del punto donde se produjo la rotura.Entre las pruebas propuestas figura la realización de al menos dos sondeos de 15 metros de profundidad en la zona más próxima al carril afectado, además de no menos de cuatro ensayos SPT en puntos adyacentes.Los trabajos tendrían que efectuarse durante una banda de mantenimiento. Sus resultados podrían permitir detectar discontinuidades en la infraestructura o en el terreno inferior que hubieran influido en la rotura.No obstante, los peritos precisan que la decisión de ejecutar estas pruebas dependerá de la documentación que debe entregar Adif y que, según señalan, todavía no se ha incorporado a la causa.Análisis del carril y de las cajas negrasEn cuanto al estudio metalúrgico de las evidencias recogidas en el tramo de Adamuz, los investigadores judiciales han propuesto modificar el orden de los lotes del concurso público planteado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.Su propuesta consiste en asignar el Lote 1 al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, Cenim, entidad pública adscrita al CSIC y con sede en Madrid. El Lote 2 quedaría en manos de Aimen, empresa privada ubicada en O Porriño, Galicia.Los peritos reclaman que ambos laboratorios acrediten “la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada”. También exigen estar presentes durante la recogida de muestras, el corte y la identificación de las probetas, así como en todas las pruebas destructivas que sea necesario realizar.Además, solicitan que los informes resultantes se dirijan expresamente a la autoridad judicial y no a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.Sobre la lectura de los registradores jurídicos, las denominadas RJU o cajas negras de los trenes, los investigadores consideran que no será necesario incorporar más técnicos para interpretar los datos. Esta conclusión coincide con lo indicado por Hasler Rail, compañía responsable del software.