Un total de 27 hermandades del Rocío han anunciado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para recurrir el aumento de las tarifas del cruce fluvial de Coria del Río, en Sevilla. Las corporaciones consideran que el precio aplicado durante la pasada romería se incrementó de manera “unilateral” en un 100%.La decisión llega después de que las hermandades afectadas hayan agotado la vía administrativa ante la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS). Para coordinar la estrategia judicial, sus representantes se constituirán este próximo lunes 20 de julio en una Mesa de Trabajo Institucional de urgencia que se celebrará en la localidad sevillana de Osuna.El conflicto se remonta a la romería del Rocío de 2026. Durante aquellos días, la empresa adjudicataria de la concesión del paso fluvial duplicó los precios que se cobraban habitualmente por el tránsito de peregrinos, vehículos y carretas a través del río.La medida provocó el rechazo de las hermandades, que presentaron de manera conjunta un recurso de reposición ante la Autoridad Portuaria de Sevilla. Sin embargo, el Consejo de Administración de la APS acordó el pasado 30 de junio inadmitir esta reclamación.Las corporaciones sostienen que esta resolución evita abordar la responsabilidad de la Autoridad Portuaria en la fiscalización de los precios establecidos por la concesionaria. La inadmisión del recurso las conduce ahora a plantear un procedimiento por la vía Contencioso-Administrativa ante el alto tribunal andaluz.Reunión con el equipo jurídicoAntes del encuentro previsto en Osuna, los representantes de las hermandades mantendrán una reunión con el despacho Morán & Ortíz Abogados para analizar los pasos que deberán seguir en el litigio.El equipo jurídico estudia presentar un recurso sustentado en varios argumentos. Entre ellos figura la presunta falta de una justificación económica suficiente para aplicar las nuevas tarifas.También se analiza la posible existencia de un abuso de posición dominante, al considerar que el cruce constituye un monopolio natural que funciona como una “facilidad esencial” para las hermandades y los peregrinos que realizan este itinerario durante la romería.Otro de los motivos que se plantea incluir en el procedimiento es la supuesta vulneración del principio de buena administración. Las hermandades aseguran que las medidas cautelares de suspensión que habían solicitado no fueron atendidas.Una ofensiva institucional y políticaAdemás de la vía judicial, las corporaciones han puesto en marcha una iniciativa institucional y política para reclamar la implicación de diferentes administraciones. Defienden que el Camino del Rocío está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y consideran que el encarecimiento del paso fluvial puede convertirse en una barrera económica para el mantenimiento de esta tradición.Con motivo de la Mesa de Trabajo Institucional del lunes, las hermandades han enviado invitaciones al alcalde de Coria del Río, Modesto González, y a dos representantes del Gobierno andaluz.En concreto, han convocado a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Patricia del Pozo, por sus competencias relacionadas con el patrimonio etnográfico. También han invitado a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, competente en cuestiones vinculadas al control de las prácticas de mercado.Las hermandades consideran que el incremento aplicado en la barca de Coria afecta directamente al desarrollo de una peregrinación centenaria y obliga a las corporaciones y a sus integrantes a asumir unos costes que califican de desproporcionados.“No vamos a permitir que se asfixie económicamente una tradición centenaria y protegida por Ley a costa del lucro injustificada de una concesión de dominio público”, han advertido las corporaciones rocieras.La reunión de Osuna servirá para unificar posiciones, organizar la respuesta legal y establecer las medidas institucionales que adoptarán frente a la subida de precios. Las 27 hermandades insisten en que la duplicación de las tarifas no cuenta, a su juicio, con una explicación económica suficiente y confían ahora en que el TSJA examine el fondo del conflicto.