El Congreso vota este martes una ambiciosa reforma de dos leyes destinadas a cuidar a las personas; la ley permitirá a vecinos o amigos ser considerados cuidadores y ayudar a las personas dependientes en sus tareas diarias fuera del hogar, y establece el acceso universal como derecho subjetivoEl PP vota en contra de que el Gobierno asuma el 50% del gasto en dependencia, pese a llevar años exigiéndolo Cambio de paradigma. El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno para esta legislatura y con la que el Ministerio de Derechos Sociales pretende darle la vuelta a la manera en la que se aborda la ayuda a personas dependientes y/o con discapacidad. La idea del Ejecutivo, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es pasar del enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a unos dos millones de personas. Si se aprueban ambas reformas —y saldrán adelante si los partidos se mantienen en las posturas que han tenido hasta hoy–, en la ley de dependencia quedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. Se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo. Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros. Además, el Ejecutivo pondrá 6.200 millones de euros extras para financiar la ley, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, valoró el lunes que la dependencia “es el gran desafío que tenemos a futuro para que no dependa del patrimonio y los recursos de una familia, y que el estado del bienestar proteja y permita vivir a los mayores en su casa”, según explicó en la Cadena Ser. El ministro ha puesto en valor su reforma y ha subrayado la importancia de “dignificar la labor en los cuidados”: “Si mañana no fuesen el medio millón de mujeres que dedican la jornada a cuidar a quienes lo necesitan, nada sería posible”. El Ministerio de Sanidad informó el pasado mes de abril de que 30.000 personas mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. El plazo medio hasta que se obtiene una respuesta de la administración es de 246 días, y si se obtiene una respuesta favorable pasan otros 62 hasta que se obtiene. Es un total de 329 días, 11 meses. “Una prioridad institucional” José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha explicado a este periódico que si sale adelante la reforma será una “extraordinaria noticia” que “fortalece el sistema de servicios sociales”, y ha valorado que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional”. Sin embargo, Ramírez también ha advertido de la necesidad de “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos y mejorar los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema”. El experto ha recordado además que existe el riesgo de que las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia. El Gobierno espera y prevé que la reforma salga adelante. El pasado jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la norma —una especie de previa a que lo haga el Pleno— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Esta decisión de los populares les han costado las críticas de otros partidos, que recuerdan que las comunidades autónomas que gobierna el PP llevan años exigiendo que el Ejecutivo financie el 50% de la ley de dependencia. “Lo hemos recogido y blindado, y han votado que no”, se sorprendía este lunes Bustinduy. “Espero que ese grado de contradicción les haga votar que sí”, añadió. Junts, habitualmente el partido bisagra en las votaciones del Congreso, votó a favor del texto el pasado jueves. Dependencia: ayudas compatibles y aumentadas La ley de dependencia reformada incluirá una disposición, acordada el jueves en la Comisión del Congreso, para blindar el sistema y garantizar el 50% de financiación estatal. “La nueva financiación estatal crece en los dos niveles de que hay, tanto en el nivel acordado como, sobre todo, en el nivel mínimo en el que las cuantías se duplican”, explica Derechos Sociales. Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 7.239,4 millones de euros para 2027, el primer año completo con la nueva financiación. Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Así, una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica el Gobierno. Ayuda en el médico o el vecino cuidador La asistencia personal sale del hogar, donde estaba confinada hasta ahora. “De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, ilustra Derechos Sociales. Se abre el abanico de los cuidadores no familiares. La ley contemplará que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay”, dice el Ejecutivo: “Esto supondrá garantizar que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”. Se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. También se utilizará esta herramienta de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien. Por último, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo. Discapacidad: la accesibilidad universal como derecho La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Pero hasta ahora, explican desde el ministerio, era un principio rector y pasa a ser un derecho. La diferencia entre uno y otro es que el primero ejerce de especie de guía para la administración, sobre qué debe hacer, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas que se puede reclamar en los tribunales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación. Una persona que acuda ante un juez para reclamar un hogar solo basándose en ese párrafo de la Constitución está destinada a fracasar, pero una que alegue que se ha vulnerado su derecho a la educación probablemente gane. Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”. El Gobierno explica que “esta medida es fundamental para acabar con el drama que viven miles de personas en España (se estiman que unas 100.000) que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles para ello”. Reconocimientos automáticos La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%. Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales. “Confiamos que la ley alcance su pleno cumplimiento”, cierra su positiva valoración Ramírez, de la asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, “porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y sus familiares, y porque están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, por cohesión territorial y por lealtad institucional”. Para el ministro Bustinduy esta reforma es una victoria. Pero no del Gobierno, “es una victoria de la sociedad”.